Piden renuncia de ministro por civiles muertos en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Un grupo de congresistas opositores pidió el martes la renuncia del ministro de Defensa colombiano Diego Molano durante un debate de moción de censura al que fue citado para rendir explicaciones por un operativo militar en el que murieron al menos 11 personas entre las que, según organizaciones de derechos humanos, había civiles.

Según las leyes colombianas la votación se hará en los 10 días posteriores al debate y en caso de que la mayoría de los congresistas aprueben la moción el funcionario podrá ser apartado de su cargo.

La congresista opositora María José Pizarro señaló que entre los muertos había menores de edad, indígenas y una mujer embarazada. Además indicó que hubo una presunta modificación de la evidencia para “alterar la posición de los cuerpos, moverlos de lugar y colocarles armamento” con el objetivo de “hacerlos pasar como combatientes”.

Las autoridades han negado dichos señalamientos desde que ocurrió el operativo militar el 28 de marzo en la zona rural de Putumayo, un departamento al sur del país fronterizo con Ecuador. Según el ejército estaba dirigido a combatir a disidentes de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) integrada por quienes no se acogieron al proceso de paz firmado con el Estado en 2016.

El ministro Molano se defendió ante el Congreso y señaló que la operación fue planeada desde agosto de 2021 para dar un golpe contra el narcotráfico. Molano indicó que información de inteligencia indicaba que los disidentes de las FARC “se visten de civil, instrumentalizando la presencia de civiles” y aprovechando encuentros sociales donde se “disfrazan”.

Molano agregó que un grupo de militares se infiltró en la selva y observó por tres días lo que ocurría en el lugar identificando a “hombres armados vestidos de civil”, hasta que decidieron actuar y hubo un “combate” que se sostuvo por dos horas. “Hubo fuego cruzado desde Ecuador, porque las disidencias operan del otro lado de la frontera”, explicó.

Algunos congresistas de los partidos Centro Democrático y Conservador no apoyaron la moción de censura e indicaron que hay ni el ejército ni el ministro “fallaron en sus obligaciones legales” y que los señalamientos hacen parte de una campaña de desprestigio en su contra.

Sin embargo, sobrevivientes y familiares de las víctimas denunciaron ante el Congreso que el ejército los atacó cuando departían en una festividad y denunciaron presuntas irregularidades.

“Soy una víctima de la masacre que hubo en la vereda El Remanso de Putumayo, en la cual me acusaron como guerrillera. Tengo tres meses de embarazo y además tengo un proyectil cerca a mi columna poniendo el riesgo la vida mía y de mi hijo”, dijo una mujer de 17 años, quien omitió su nombre.

La Defensoría del Pueblo, encargada de velar por los derechos humanos en Colombia, confirmó luego del operativo la muerte de Divier Hernández, un líder comunal, y su esposa que estaba embarazada.

“Sean justos, digan ‘cometimos un error, matamos campesinos’”, le pidió al ministro y al ejército Argemiro Hernández, padre de Divier, quien aseguró que la esposa de su hijo murió tras perder gran cantidad de sangre por una herida de bala. “Ella pedía que no la dejaran morir porque tenía dos hijos. Ninguno del ejército la auxilió”, añadió Hernández.

Isaías Acosta, quien se presentó como cocinero, relató que vio llegar a “unos hombres vestidos de negro, cubiertos de la cara, disparando contra la población civil, haciéndose pasar por disidentes de las FARC”. Esos hombres, agregó, lo encerraron a él y a un grupo de personas que incluía niños en una habitación de madera. Entre las tablas podía observar lo que ocurría en el exterior.

“Se escuchó un helicóptero y aquellas personas militares que se bajaron del helicóptero les pasaron uniformes a los hombres que llegaron vestidos de negro y se vistieron. Llegaron otra vez a la casa donde nos tenían encerrados a nosotros, diciendo que nosotros éramos guerrilleros, que nos iban a quemar”, aseguró Acosta. “No somos guerrilleros, somos personas campesinas”.

La operación militar ha sido calificada como “legítima” por el ejército y también defendida públicamente por el presidente colombiano Iván Duque, quien aseguró que tuvo un “trabajo de inteligencia previo”.

Tanto la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han exhortado al Estado colombiano a continuar investigando los hechos ocurridos en el Putumayo.