La Paz, 26 ene (EFE).- Bolivia registro 7.649 nuevos casos y 49 fallecimientos a causa de la covid-19, según el último informe del Ministerio de Salud que muestra el comportamiento de la pandemia durante la cuarta ola que atraviesa el país. Los departamentos que presentaron mayor cantidad de casos fueron Cochabamba con 2.092, Santa Cruz que acumuló 1.672 y La Paz que reportó 1.555 contagios. El resto de las seis regiones bolivianas marcaron cifras por debajo del millar, puesto que Tarija tuvo 631, Chuquisaca 601, Oruro 354, Potosí 295, Beni 287 y Pando 162. Con estos registros el país acumula 20.720 decesos y 828.232 casos confirmados desde la llegada de la pandemia en marzo de 2020, mientras que 147.551 pacientes mantienen la enfermedad activa. La cuarta ola comenzó a manifestarse a fines de octubre pero no fue hasta finales de diciembre cuando los contagios aumentaron exponencialmente hasta sobrepasar los niveles históricos de la pandemia con más de 14.000 casos algunas jornadas. El Gobierno primero declaró emergencia sanitaria y más tarde confirmó que en el país circula la variante ómicron, aunque el cuarto pico tiene una tasa de letalidad del 0,6 %, menor a las tres escaladas anteriores de 2020 y del primer semestre del año pasado. El proceso de vacunación que comenzó hace un año ha conseguido que se apliquen más de 11,6 millones de vacunas entre primeras, segundas y terceras dosis, además de inmunizantes de un solo componente. La inmunización se efectúa a mayores de 5 años que conforman una población vacunable de más de 1,2 millones. El detalle del informe establece que se emplearon 5.653.093 primeras dosis, 4.117.229 de la segunda y 835.910 vacunas de refuerzo junto a 994.961 inmunizantes únicos. De esa cifra, 671.116 y 429.663 corresponden a primeras y segundas dosis administradas a jóvenes entre los 12 a 17 años, mientras que 514.808 primeros componentes y 165.037 del segundo se aplicaron a niños entre los 5 y 11 años. Bolivia suspendió la semana pasada la exigencia del carné de vacunación como requisito para la realización de trámites y de acceso a sitios públicos y privados tras las protestas de algunos grupos antivacunas pertenecientes a sectores sociales afines al Gobierno. Las autoridades del país argumentaron que la medida se tomaba para evitar focos de contagio y la utilización de la fuerza pública, aunque algunos municipios y gobernaciones han mantenido aquella exigencia para controlar los niveles de propagación de la enfermedad. Durante la exigencia del documento, el país alcanzó los niveles más altos de vacunación con filas y aglomeraciones que luego descendieron considerablemente tras el anuncio de su suspensión.
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