BOGOTÁ (AP) — Al menos 23 personas murieron tras enfrentamientos entre grupos armados ilegales en Colombia en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informaron el lunes las autoridades.
El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo a la prensa que han sido identificados 15 cuerpos: cuatro de ellos son de nacionalidad venezolana y dos tienen antecedentes judiciales por porte ilegal de armas y secuestro.
Las confrontaciones entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron en el municipio venezolano de La Victoria, estado Apure, indicó el ministro, por “disputas de rentas criminales” que en la frontera van desde el contrabando hasta el narcotráfico.
"Del otro lado de la frontera (en Venezuela) hay una confrontación enorme entre las disidencias de las FARC frente 10 y 28 contra una unión que se da entre el ELN y la Segunda Marquetalia (otra facción de las dicidencias de las FARC)”, agregó Molano.
El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que los grupos armados están buscando asesinar a miembros de las milicias enemigas y generar intimidaciones en la población civil, por lo que reforzaron la seguridad de la zona enviando dos batallones con aproximadamente 600 hombres e incrementando las actividades de inteligencia. Agregó que luego de que cometen los crímenes huyen y se resguardan en Venezuela. “Estos grupos han estado operando bajo sus anchas en territorio venezolano con la anuencia y protección del régimen dictatorial”, indicó a la prensa.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, rechazó dichas acusaciones a través de Twitter, donde cuestionó que el presidente colombiano culpe de los “males” de su país a Venezuela. Agregó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ya se encuentra “desplegada” en la frontera tras elevar su “nivel de alerta ante los acontecimientos al otro lado de la frontera para proteger al pueblo y responder contundentemente ante cualquier agresión a nuestra soberanía”.
La víspera de Año Nuevo, el presidente Nicolás Maduro se comprometió a combatir a los grupos armados y narcotraficantes colombianos “con toda la fuerza militar de nuestro país”, según advirtió en una declaración.
Los números de posibles fallecidos varían dependiendo de la fuente. Human Rights Watch recibió denuncias sobre 24 muertos, así como desplazamientos forzados y secuestros. “Parece haberse roto la alianza entre el ELN y la disidencia del Frente 10 de las FARC en la zona, lo cual podría traer graves consecuencias humanitarias para la población", dijo a The Associated Press Juan Pappier, experto para Colombia de HRW, quien instó a las autoridades a tomar medidas urgentes para proteger a los civiles y asistir a las víctimas.
La Defensoría del Pueblo advirtió que han identificado a 12 familias que se están desplazando dentro del mismo departamento para huir de las confrontaciones.
La Iglesia católica hizo un llamado a los grupos ilícitos para que excluyan a la población civil de las hostilidades. “Pedimos que se preste la debida asistencia a los heridos, que se respete la vida e integridad de los retenidos y se dé trato digno a los cuerpos de los fallecidos”, instó el obispo de la diócesis de Arauca, Jaime Cristóbal Abril, en un comunicado.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a través de Twitter para asegurar el respeto al Derecho Internacional Humanitario e instó a proteger a la población civil y activar los planes de contingencia.
Además, la oficina de la ONU pidió cumplir con recomendaciones que ha realizado la Defensoría del Pueblo en alertas tempranas en las que advertía del riesgo inminente que corrían más de 69.000 personas de la sociedad civil, entre las que se incluyen poblaciones de especial protección como los indígenas, por la escalada de violencia entre el ELN y las disidencias de las FARC.
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