REPORTE ESPECIAL-Un recaudador de impuestos fue tras las élites de Guatemala, pero le respondieron

Por Frank Jack Daniel

CIUDAD DE GUATEMALA, 7 dic (Reuters) - Cuando Juan Francisco Solórzano Foppa se hizo cargo de la agencia tributaria de Guatemala en 2016 se enfrentó a un grupo de objetivos que hasta entonces habían sido intocables: funcionarios, familias y empresas sospechosas de haber desviado enormes ingresos del Gobierno.

El jefe de impuestos depuró la agencia, sacó a más de 1,500 funcionarios fiscales y arrestó a sospechosos de alto perfil, incluyendo líderes empresariales del país. Consiguió un acuerdo sin precedentes de 100 millones de dólares de una poderosa empresa siderúrgica, Aceros de Guatemala S.A., y detuvo a un importante hotelero por presunta falsificación de facturas.

Muchos lo reconocieron por enfrentarse a unas élites acostumbradas a evadir impuestos. Guatemala es uno de los países más pobres y desiguales del mundo, con la menor recaudación de América Latina en porcentaje del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el corpulento exfiscal, con la cabeza rapada y nariz de boxeador, también se hizo de poderosos enemigos.

Foppa, de 38 años, se encontró él mismo tras las rejas este año, en un caso que incluso sus adversarios reconocen fue en gran medida fabricado. Su arresto y su encarcelamiento de 22 días forman parte de la reacción en contra de algunos de los líderes de un movimiento pionero por acabar con la corrupción y la impunidad de las poderosas élites de Centroamérica.

El 19 de mayo, cuando se dirigía al gimnasio, dos hombres en una camioneta SUV negra sin placas lo obligaron a detenerse, dijo a Reuters. Él filmó lo sucedido y lo difundió en Twitter.

Los hombres se negaron a identificarse e impidieron que Foppa se fuera. Entonces, la policía llegó para detenerlo, encerrándolo en el mismo pabellón en el que estaba un tatuado jefe de una banda que el propio Foppa había encarcelado y que amenazó con cortarlo en pedazos, según el exfuncionario.

En una audiencia posterior, un informe policial identificó a los hombres del vehículo como agentes de inteligencia del Ministerio del Interior. Las acusaciones contra Foppa, todas ellas negadas por él, estaban relacionadas con los esfuerzos que había realizado para registrar un nuevo partido político; el juez desestimó los cargos más graves y lo puso en libertad.

La detención fue considerada por algunos como un nuevo golpe bajo, el último de una serie de crecientes respuestas contra la campaña de Foppa y un grupo de otros funcionarios para acabar con la impunidad de los poderes fácticos.

La ofensiva comenzó con la desaparición en 2019 de un innovador organismo de Naciones Unidas que se ocupó del combate a la corrupción durante más de una década.

Se intensificó este año cuando la fiscal general despidió o degradó a una serie de fiscales de alto perfil, incluyendo a otro conocido investigador anticorrupción, al que ha tratado de arrestar y acusar de delitos que incluyen incumplimiento del deber, abuso de autoridad y conspiración.

Foppa y otros miembros de la campaña anticorrupción reconocen que, en parte, podrían haberse autodañado. En su afán por perseguir ilegalidades, utilizaron tácticas duras, fincando acusaciones cuando se podían haber alcanzado acuerdos, lo que enfureció incluso a algunos moderados que en su día estaban dispuestos a apoyarlos.

"Fuimos intransigentes", dijo Foppa a Reuters.

La situación de Foppa forma parte de una lucha más amplia en Centroamérica por acabar con el desgobierno generalizado que ha desestabilizado a la región y provocado un éxodo que contribuye a la crisis migratoria en la frontera con Estados Unidos.

Guatemala quedó marcada por una guerra civil de cuatro décadas, que enfrentó a la derecha y a la izquierda según las líneas divisorias de la Guerra Fría, que acabó a finales de la década de 1990.

En los años siguientes, algunas élites guatemaltecas, que generalmente apoyaban a las fuerzas de derecha, aceptaron los esfuerzos de reconciliación y reforma con la izquierda, apoyada por los pobres. Los pasos incluyeron la investigación de grupos clandestinos, a veces vinculados con familias adineradas, que influían en el Ejército, los tribunales y otros núcleos de poder.

Ahora, sin embargo, "el péndulo está oscilando en la dirección opuesta", dijo Salvador Paiz, un exejecutivo de un supermercado que dijo que apoyó el movimiento contra la corrupción hasta que él mismo fue blanco de los fiscales en un polémico caso de financiamiento de campaña.

Los reveses de los fiscalizadores han indignado a muchos guatemaltecos.

Protestas estallaron en todo el país en julio después de que la fiscal general, María Consuelo Porras, aliada del presidente conservador Alejandro Giammattei, destituyera al fiscal anticorrupción.

Cinco exfiscales se han marchado a Estados Unidos, uniéndose a una expresidenta del máximo tribunal de Guatemala y a dos exfiscales generales. Al menos tres han solicitado asilo. Todos han dicho que temen ser acusados penalmente en su país.

La oficina de Porras dijo a Reuters que el despido siguió a una investigación "objetiva y técnica" por parte de fiscales penales calificados. Agregó que bajo su gestión la fiscalía ha fortalecido las medidas para combatir la corrupción y que las investigaciones en curso se llevan a cabo de manera "objetiva e imparcial", sin injerencias políticas.

Giammattei dijo en una entrevista con Reuters a mediados del año que la lucha contra la corrupción se había convertido en una campaña ideológica utilizada por los fiscales de izquierda para atacar injustamente a la derecha.

"Cualquier ser humano tiene derecho a tener una ideología", dijo el presidente a Reuters. "El problema es cuando usted traslada su ideología a sus acciones y, más grave aún, cuando usted es el encargado de velar por la justicia", añadió.

Argumentos similares contra campañas anticorrupción han prevalecido en otros lugares de Centroamérica, alimentando tensiones que recuerdan a las que dividieron a la región durante la Guerra Fría. Los gobiernos de Honduras y El Salvador también han desmantelado recientemente organismos anticorrupción y han destituido a fiscales y jueces emblemáticos.

Esta tendencia alarma a gobiernos extranjeros, defensores de la democracia y activistas de derechos humanos, en especial aquellos preocupados por el aumento de la desigualdad en la región y el récord de migrantes que han huido recientemente de ella.

"Instituciones democráticas fuertes y estado de derecho son esenciales", dijo Hans Magnusson, embajador de Suecia en Guatemala, en una entrevista. "La impunidad y la corrupción", añadió, "roban a los guatemaltecos oportunidades y empeoran la desigualdad, con el resultado demasiado común de que se van", destacó.

El mes pasado, los hondureños votaron poner fin a más de una década de dominio del conservador Partido Nacional, cuyo gobierno desechó iniciativas contra el soborno incluso cuando se vio sacudido por escándalos de corrupción y narcotráfico. En un gesto para aliviar el descontento, Xiomara Castro, la puntera de izquierda en el conteo de votos, dijo que revertiría esa política, daría poder a los fiscales y reduciría la desigualdad.

Aunque las economías centroamericanas se están recuperando de la pandemia de coronavirus, la escasez de alimentos se ha multiplicado casi tres veces desde 2019 y 6.4 millones de personas en Guatemala, Honduras y El Salvador viven con hambre, según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.

En 12 meses al 30 de septiembre, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvieron a 280,000 guatemaltecos que intentaban cruzar la frontera sur de Estados Unidos, más que en cualquier otro año del que se tenga registro.

Los migrantes están abandonando lugares como Huitzitzil, un caserío pobre asentado entre plantaciones de palma y plátano en la costa del Pacífico. En una visita reciente, residentes dijeron a Reuters que al menos media docena de vecinos habían partido hacia Estados Unidos en las dos semanas anteriores.

Algunos pobladores, como Ileana Pérez, esperaban ansiosamente noticias de sus familiares sobre la riesgosa travesía para cruzar ilegalmente la frontera con Estados Unidos.

Vendedora ambulante, madre de tres hijos y cuyo marido fue asesinado en una pelea en un bar, Pérez dijo que las dificultades en el pueblo han aumentado. Ella está débil y se recupera de un pequeño derrame cerebral.

El Gobierno nunca respondió a su solicitud de subsidio por la pandemia, dijo Pérez. El Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala dijo que no podía determinar qué pasó con su solicitud de ayuda.

Pérez estaba desesperada por saber de Jenifer, una hija de 21 años que partió hacia Estados Unidos con una prima a finales de octubre. La última vez que Jennifer se comunicó con ella fue una semana antes, dijo Pérez, cuando envió una foto desde el desierto en la frontera entre Estados Unidos y México.

"Su decisión, de ella, es ir a trabajar para ayudarme", dijo Pérez, entre lágrimas.

A inicios del año, Reuters informó cómo la corrupción y la supuesta complicidad gubernamental https://es-us.noticias.yahoo.com/alcalde-narco-devast%C3%B3-econom%C3%ADa-local-132111337.html en negocios ilegales debilitan economías locales en Honduras y socavan los esfuerzos para garantizar el estado de derecho https://es-us.noticias.yahoo.com/reporte-especial-fiscal-anticorrupci%C3%B3n-hondure%C3%B1o-143034589.html. En Guatemala, Reuters habló con docenas de líderes empresariales, funcionarios, diplomáticos e investigadores sobre el retroceso de los esfuerzos contra la corrupción.

Su valoración hace eco ampliamente de la de Foppa, el antiguo jefe de recaudación, quien calificó la campaña contra él y sus colegas afines de "proceso de criminalización" deliberado.

"Ha sido continuo", dijo, "permanente", añadió.

"RESCOLDOS DE LA GUERRA CIVIL"

La historia familiar de Foppa está entrelazada con la de la política guatemalteca.

Su abuelo ayudó a crear el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social bajo el presidente izquierdista Jacobo Arbenz, cuya destitución en 1954 en un golpe de Estado organizado por Estados Unidos desencadenó una serie de acontecimientos que posteriormente desembocó en la guerra civil.

El padre de Foppa, un guerrillero de izquierda murió en el conflicto. Su abuela, una renombrada poeta feminista, fue secuestrada y nunca se le volvió a ver, una de las aproximadamente 200,000 personas que murieron o desaparecieron durante la guerra.

A medida que el país trabajaba para estabilizarse a principios de este siglo, los acuerdos de paz calmaron a las guerrillas. En 2006, el Gobierno permitió a Naciones Unidas crear un equipo de investigadores independientes, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El organismo, financiado en su mayor parte por Estados Unidos y Europa, se convirtió en un modelo para los esfuerzos contra la corrupción en toda América Central. La CICIG puso tras las rejas a un presidente en funciones y a dos de sus predecesores durante la década siguiente.

Una de las primeras investigaciones de la CICIG llevó a la cárcel a Giammattei, el actual presidente, por su gestión como director del sistema penitenciario nacional.

Los fiscales que trabajaban con la agencia lo detuvieron por "asociación ilícita", alegando que formaba parte de una red criminal dentro de las fuerzas de seguridad que mató a siete reclusos en una redada en una prisión. Posteriormente, un tribunal desechó la investigación sobre Giammattei, alegando falta de pruebas, y lo puso en libertad.

En ese momento, Foppa estaba empezando su carrera de abogado como asistente de un funcionario en la oficina del fiscal general. Formaba parte de una generación de jóvenes abogados deseosos de ayudar a Guatemala a avanzar. Investigó homicidios y a líderes de bandas callejeras cada vez más violentas.

En 2013 fue ascendido para crear una nueva unidad de análisis criminal. Allí, ayudó a descubrir una red de corrupción dentro del departamento de aduanas de la agencia tributaria, condenando a una red que contrabandeaba millones de dólares en cigarros y whisky.

Pronto, trabajó en un gran esfuerzo conjunto con la CICIG.

La investigación se centró en una línea telefónica especial, denominada "La Línea", que funcionarios de aduanas habían establecido para que importadores que sabían de ella llamaran y pagaran sobornos en vez de derechos aduanales.

En 2015, los fiscales tenían suficientes pruebas para acusar al entonces presidente Otto Pérez Molina, un antiguo general, como el cabecilla de la estafa. Despojado de la inmunidad por el Congreso, el mandatario dimitió y ha estado en prisión preventiva desde entonces.

En una entrevista realizada en el jardín de la prisión donde espera juicio, Pérez Molina negó haber cometido algún delito. Como presidente, dijo, no manejaba la aduana y no estaba al tanto de la estafa.

El caso provocó enormes protestas contra la corrupción y supuso un hito en la lucha contra la impunidad. "La línea descorchó la inmensa corrupción que carcome a Guatemala", dijo Richard Aitkenhead, exministro de Finanzas que ayudó a negociar los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil.

Las pruebas reunidas en la investigación llevaron más tarde a Foppa y a sus colegas a sospechar de la evasión fiscal de Aceros de Guatemala.

Según los fiscales, algunos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) estaban ayudando a la siderúrgica a desaparecer grandes facturas de impuestos. Los fiscales no tardaron en detener a los principales ejecutivos de Aceros y funcionarios de alto nivel de la SAT.

La empresa y los funcionarios han negado haber cometido algún delito.

En marzo de 2016, un nuevo gobierno nombró a Foppa jefe de la agencia tributaria. Su perfil en ascenso reflejó la naturaleza cambiante de la batalla por la corrupción en Guatemala.

Las primeras condenas por corrupción se habían centrado principalmente en delitos políticos. Los casos fiscales de Foppa ampliaron el alcance y perjudicaron a la comunidad empresarial, dominada durante mucho tiempo por un puñado de clanes adinerados.

En una publicación de Facebook ampliamente compartida en ese momento, Ricardo Méndez, director de un grupo de activistas de derecha, calificó el nombramiento de Foppa como "grave error". La designación "se traducirá en terrorismo fiscal" contra las élites, advirtió.

Méndez dijo a Reuters que su publicación fue profética. El jefe de la agencia tributaria "mete al bote a cuantos empresarios se le pongan enfrente, transformando temas administrativos en casos penales", argumentó. El propio Foppa ha admitido desde entonces que a veces era demasiado agresivo.

Al tomar el timón de la agencia, Foppa fue más a fondo con Aceros. Instó a la empresa a pagar 100 millones de dólares en impuestos atrasados, multas e intereses.

Cuando la compañía se resistió, explicó Foppa, comunicó a su equipo lo que procedía: "Intervención", les dijo, poniendo a la agencia a cargo de los libros de la empresa. Tan pronto como los agentes fiscales entraron en las oficinas de Aceros, relató, el banquero de la empresa llamó y suplicó que se suspendiera la intervención.

Marco García, un abogado de Aceros, dijo a Reuters que la empresa pagó la multa para poder seguir adelante con sus negocios. Negó que la firma hubiera violado la ley. "Nunca lo probaron", manifestó.

La sanción, la multa fiscal más grande en la historia de Guatemala, sacudió a las élites.

A continuación, Foppa fue tras un imperio hotelero de propiedad familiar.

Su propiedad insignia es el Camino Real, un imponente hotel modernista que durante mucho tiempo ha sido un ícono de la alta sociedad en Ciudad de Guatemala, la capital. La empresa, Hotel Camino Real S.A., había presentado durante años facturas falsas a las autoridades fiscales, alegaron los investigadores de Foppa, eludiendo pagos por valor de 2.7 millones de dólares.

Al principio, dijo Foppa, Camino Real presentó aún más facturas falsas en un esfuerzo por tapar el problema. Cuando la compañía no presentó documentación auténtica, Foppa buscó el arresto de Carlos Monteros, propietario de la firma y patriarca de la élite empresarial de Guatemala.

En julio de 2016, la policía arrestó al entonces ejecutivo de 71 años cuando bajaba de un vuelo internacional en el aeropuerto de Ciudad de Guatemala.

Al igual que con Aceros, Foppa envió agentes al departamento de finanzas de la empresa, ubicado en un anexo al hotel. En unos días, Camino Real pagó el saldo, más intereses y multas, por un total de aproximadamente 5.8 millones de dólares. Monteros, quien se declaró culpable, fue puesto en libertad.

Camino Real no respondió a una solicitud de Reuters para comentar el episodio. Un portavoz de la familia explicó que Monteros se negó a hablar.

Foppa persiguió aún más objetivos, que culminaron en docenas de sanciones y 280 millones de dólares en impuestos recuperados. Imágenes como la del hotelero detenido por la policía captaron la atención de la comunidad empresarial. "Lo que más les dolió fue esa exposición", opinó. "Estas son cosas que no te van a perdonar".

El jefe de la agencia tributaria asegura que también fue duro con las personas cercanas a él.

Le pidió a su madre, Silvia Solórzano, que se pusiera al día con sus propios impuestos, tres años vencidos, con atrasos de alrededor de 2,300 dólares. Ella confirmó el incidente a Reuters, narrando que su hijo le dio la instrucción en un día festivo. "Fue Día de las Madres", detalló.

Foppa también reestructuró la agencia tributaria. Eso llevó al despido o la renuncia de aproximadamente un tercio de su fuerza laboral, parte de la cual, alegó, había ayudado a los grandes negocios y a los ricos a evadir impuestos.

Pero junto con el trabajo de la CICIG, el organismo respaldado por la ONU, las duras medidas convencieron cada vez más a los conservadores de que eran un blanco injusto. "Hay suficientes casos que así lo demuestran", afirmó el presidente Giammattei a Reuters. "Son rescoldos del conflicto armado".

"UN MONSTRUO"

Jugadores poderosos en Guatemala comenzaron a planificar un retroceso. Encontraron un aliado en Jimmy Morales, un comediante convertido en político conservador que recientemente había llegado a la presidencia.

En noviembre de 2016, investigadores del Ministerio Público allanaron la residencia oficial de Morales y obligaron al gobernante a levantarse de la cama en pijama. La redada, que formó parte de una investigación sobre presunta corrupción en la guardia presidencial, fue seguida pronto por el arresto del hijo y el hermano del mandatario.

Los fiscales acusaron a los dos de fraude y lavado de alrededor de 12,000 dólares. Ellos negaron haber actuado indebidamente y, posteriormente, un tribunal declaró a ambos no culpables.

Morales no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters.

La redada provocó aún más oposición a los esfuerzos contra la corrupción, forjando todavía más una heterogénea coalición de empresarios veteranos, políticos conservadores y activistas de extrema derecha. Luego, en agosto de 2017, los fiscales que trabajaban con la CICIG anunciaron una investigación sobre el financiamiento de la elección de Morales.

Más tarde acusarían a cinco empresarios prominentes, incluido Paiz, el exejecutivo del supermercado, por violar las leyes de financiamiento de campañas. Todos han negado los cargos, que aún no han avanzado a juicio.

El caso fue percibido por muchos en la comunidad empresarial como una estratagema para socavar a Morales. "¿Se retiró el apoyo?", cuestionó Paiz, describiendo la menguante aprobación de la comunidad a los esfuerzos contra la corrupción. "Pues claro".

Dos días después de que la CICIG anunciara la investigación, Morales contraatacó. En un video en internet, declaró a Iván Velásquez, un fiscal colombiano que encabezó la CICIG, persona non grata. Morales defendió la medida "en interés del pueblo guatemalteco" y "para fortalecer el estado de derecho".

En enero de 2018, el Gobierno despidió a Foppa como jefe de la agencia tributaria. La junta de la agencia, presidida por el ministro de Finanzas de Morales, argumentó que el cesado no había cumplido una meta de ingresos. La recaudación de ese año estuvo menos del 1% por debajo del objetivo.

Foppa inició la práctica del derecho en el sector privado.

Ese agosto, Morales ordenó a vehículos militares rodear la sede de la CICIG. Con filas de soldados detrás de él, Morales afirmó ante las cámaras de televisión que la institución ya no era bienvenida en Guatemala. Se negó a renovar su mandato para 2019.

La Unión Europea y Estados Unidos criticaron la rescisión del acuerdo. En un comunicado en ese momento, la embajada estadounidense en Guatemala apuntó: "La CICIG es un socio eficaz e importante en la lucha contra la impunidad, la mejora de la gobernabilidad y responsabilizar a los corruptos".

El ministro del Interior de Morales despidió a policías considerados cercanos a la CICIG. Con la ayuda de la comunidad empresarial, Giammattei fue elegido ese año para suceder a Morales, asumiendo el cargo a principios de 2020.

Foppa decidió probar suerte en la política. Creó un comité para evaluar una posible candidatura a la alcaldía de Ciudad de Guatemala, pero no logró convertirse en un candidato viable. También buscó la oficina principal del Colegio de Abogados de la nación centroamericana, un puesto que puede influir en la composición de los tribunales superiores, pero perdió.

Su arresto a principios de este año se dio después de que intentara poner en marcha un nuevo partido político de centro-izquierda. No está claro qué fue lo que llevó a los fiscales a investigarlo.

Cuando los agentes de inteligencia detuvieron su automóvil en mayo pasado, contó, los hombres no le dieron ningún detalle. Cuando una patrulla de la policía se detuvo segundos después, el oficial tuvo que enviar una orden de arresto a su teléfono porque no la tenía impresa en papel, detalló Foppa.

"Esta detención fue ilegal", aseguró Foppa al juez en la audiencia judicial, y comparó el uso de agentes anónimos con notorios secuestros llevados a cabo por las fuerzas de seguridad durante la guerra civil.

El caso se deriva de irregularidades en las firmas requeridas para registrar un nuevo partido en Guatemala. El nombre de al menos un fallecido figuraba entre los recogidos por los notarios contratados para la iniciativa. Foppa admite que el papeleo contenía errores.

Aun así, abogados y otras personas familiarizadas con el caso afirman que se sorprendieron por la gravedad de los cargos que inicialmente buscaron los fiscales. Además de falsificación, fue acusado de "asociación ilícita" y "conspiración", cargos generalmente reservados para acusados ​​en carpetas de crimen organizado como las que el propio Foppa procesó alguna vez. El juez luego los desestimó.

Las severas acusaciones, indican algunos de los enemigos de Foppa, reflejan el rencor ideológico que se apodera del sistema judicial. "Es víctima de un monstruo, que él ayudó a crear", consideró Méndez.

Foppa aún enfrenta un cargo de falsificación de firmas. Si el caso avanza y es declarado culpable, podría enfrentar hasta nueve años de prisión. Él negó haber participado en cualquier intento de falseado las rubricas, pero admitió que debería haber sido más minucioso en la supervisión del proceso.

"El error fue haber iniciado sin haber tenido todo el control", explicó.

Cuando Foppa comenzó a trabajar para limpiar su nombre, la fiscal general Porras reasignó a otros investigadores y fiscales alineados con el movimiento anticorrupción. En julio, destituyó a Juan Sandoval, jefe de la unidad fiscal que trabajaba más de cerca con la CICIG.

Porras informó a Sandoval de su despido en una carta en la que lo acusaba de desobedecer órdenes. La carta fue filtrada a los medios locales y confirmada como auténtica por el funcionario cesado, quien reveló a Reuters que se resistió a una solicitud de Porras de nombrar en su equipo a un fiscal que ella quería, pero niega haber actuado mal.

La salida de Sandoval llevó a miles de guatemaltecos a protestar. Por temor a ser procesado, huyó a Estados Unidos. Posteriormente, un tribunal guatemalteco emitió órdenes de arresto en su contra.

Tras el episodio, el gobierno estadounidense agregó a Porras a su lista de "actores corruptos y antidemocráticos". En un comunicado, el secretario de Estado Anthony Blinken la acusó de "interferir en las investigaciones penales" y "transferir y despedir a los fiscales que investigan la corrupción".

La oficina de Porras rechazó las acusaciones. La cooperación con Estados Unidos en temas que incluyen el tráfico de drogas y la migración, dijo, muestra que la oficina del fiscal general sigue comprometida con el cumplimiento de su "mandato constitucional y los estándares nacionales e internacionales".

Foppa todavía está trabajando en su defensa y sopesando sus opciones políticas. Si Guatemala realmente quiere poner fin a la corrupción y la impunidad, afirma, los funcionarios como él tendrán que ser más flexibles y buscar el consenso hacia objetivos compartidos en lugar de ser implacables.

"Tiene que haber cierta tregua", planteó.

(Reporte adicional de Sofía Menchú en Ciudad de Guatemala; Editado por Paulo Prada; Traducido por Adriana Barrera y Raúl Cortés Fernández)