Por Nelson Bocanegra y Julia Symmes Cobb
BOGOTÁ, 20 jul (Reuters) - El Gobierno de Colombia radicó el martes en el Congreso un proyecto de ley fiscal para obtener 15,2 billones de pesos (3.955 millones de dólares) para aliviar sus alicaídas finanzas impactadas por la pandemia de coronavirus, en medio de una nueva jornada de protestas sociales.
El denominado Proyecto de Inversión Social es inferior al que presentó el Gobierno del presidente Iván Duque en abril por 23,4 billones de pesos (6.089 millones de dólares) y que el mandatario retiró presionado por una ola de protestas sociales y el rechazo de los congresistas, que además derivó en la renuncia del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
El proyecto beneficiaría a 7,8 millones de hogares y estará enfocado en reactivar a la economía, otorgar subsidios y estímulos al empleo de los jóvenes, así como estabilizar las finanzas públicas, indicó el Ministerio de Hacienda.
Además, la iniciativa -que evitó tocar el bolsillo de las personas- está centrada en tributos a las empresas y eliminar algunas exenciones que les había sido aprobadas en 2019.
"Esta ley de inversión social (...) sienta las bases para que, sin importar qué tan distante parezca nuestro destino, todos los colombianos tengamos la oportunidad de llegar a buen puerto", dijo Duque, durante la instalación del segundo periodo legislativo.
Recientemente el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, estimó que el proyecto estaría aprobado en agosto.
Entre las principales propuestas de la ley están establecer una tarifa de renta para empresas de 35% desde el actual 31%.
También plantea una sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales hasta 2025, establece una normalización tributaria para regularizar los capitales de los colombianos en el exterior.
El proyecto fiscal enfatiza en combatir la evasión de impuestos para obtener unos 2,7 billones de pesos anuales y un plan de austeridad que generaría ahorros por 1,9 billones de pesos entre 2022 y 2032, en promedio.
La iniciativa fue radicada poco antes de que iniciara una nueva jornada de manifestaciones de algunas comunidades indígenas, estudiantes y sindicatos de trabajadores, que marcharon en Bogotá y otras ciudades.
Las protestas masivas comenzaron el 28 de abril y duraron unas seis semanas, y en algunos casos se tornaron violentas.
ESCEPTICISMO
Los manifestantes expresaron su escepticismo sobre las promesas del Gobierno en la actual legislatura, como reformar la Policía y mejorar las oportunidades para los jóvenes, incluido un subsidio del salario mínimo del 25% para las empresas que contraten a personas entre 18 y 28 años.
"Hace falta que nos escuchen. No somos vándalos por salir a las calles a pedir nuestros derechos", dijo Antonio Montes, de 24 años, quien trabaja como cocinero en una panadería. Detrás de él, una banda tocaba en un escenario improvisado y los vendedores vendían bocadillos, refrescos y cerveza.
Varias miles de personas se reunieron en 23 lugares de protesta en la capital, dijo la oficina de la Alcaldía de Bogotá.
"¿Cómo es justo que compran armas con nuestros impuestos para matar al pueblo? Salimos para apoyar a nuestros jóvenes", dijo Alicia, de 68 años, trabajadora jubilada del Ministerio de Educación.
La oficina del fiscal general ha relacionado directamente más de dos docenas de muertes con las manifestaciones, mientras que grupos de derechos humanos dicen que han confirmado muchas más.
Los líderes de los sindicatos tienen previsto presentar ante el Congreso un paquete de propuestas, que incluye un plan de renta básica y otras demandas sociales.
La cuarta economía de América Latina enfrenta el reto de estabilizar sus finanzas minadas por el mayor gasto público que ha significado la pandemia de coronavirus.
Para este año, el país deberá cubrir un déficit fiscal de unos 94,7 billones de pesos (24.642 millones de dólares), equivalente a un 8,6% del PIB este año, que cedería a un 7% del PIB en 2022.
El deterioro de las cuentas del Gobierno llevó a las calificadoras Standard & Poor's y a Fitch a retirarle al país el codiciado grado de inversión.
(1 dólar = 3.842,97 pesos)
(Reporte de Nelson Bocanegra, editado por Gabriela Donoso y Juana Casas)
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