La fiscal general de Costa Rica, Emilia Navas, decidió pensionarse anticipadamente en medio del escándalo de corrupción más sonado de los últimos años dentro del aparato estatal, el cual habría causado un déficit presupuestario en el país de 78.000 millones de colones, lo que corresponde a unos 125 millones de dólares.
La decisión la tomó seis días después de inhibirse del caso conocido como "Cochinilla", aduciendo mayor credibilidad y transparencia, ya que su esposo es abogado de dos empresas implicadas en el supuesto pago de sobornos y dádivas a funcionarios estatales para conseguir licitaciones de obra pública.
"Como es de conocimiento público, a raíz del caso denominado 'Cochinilla' se ha desatado una serie de ataques personales y contra la institución (la Fiscalía General)", adujo Navas, en un comunicado que envió a la prensa.
"Con el propósito de no debilitar la función del Ministerio Público y la encomiable labor de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y con el fin de no distraer la atención sobre lo esencial, valga decir, el combate frontal contra la corrupción, he decido acogerme a la jubilación a la que tengo derecho", prosiguió.
Sin embargo, el historial de Navas señala que en los últimos tres años se alejó de nueve casos, cuatro de ellos de alto impacto mediático en esta nación centroamericana, por la contratación de su pareja como jurista defensor.
El tema incluso llegó a la Corte Plena de esta nación centroamericana; no obstante, se dictaminó que la fiscal general actúa dentro de sus posibilidades.
El último día de gestión de Navas, de 56 años, será el 13 de julio, pues tomará un período de vacaciones hasta hacer activa su jubilación, el 24 de agosto.
El caso se encuentra en este momento en las primeras deliberaciones, luego de que el pasado 14 de junio se arrestaran a 30 personas, 14 de ellas funcionarios públicos.
Los restantes son altos mandos de cinco compañías constructoras, entre ellas H. Solís y Meco, que concentran contratos por $900 millones.
Además, están siendo investigados el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez; el exasesor del presidente Carlos Alvarado, Camilo Saldarriaga y el gerente de Control Administrativo de la Contraloría General de la República, Allan Ugalde.
Saldarriaga renunció tras ser señalado dentro de los investigados y Ugalde, quien se encarga de las apelaciones a las licitaciones, fue separado de su cargo el jueves por la noche.
dgj/mps
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