Un operativo contra la guerrilla se torna en bumerán para el Gobierno paraguayo

Asunción, 5 sep (EFE).- Un operativo que se auspiciaba como un golpe contra el núcleo del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ha tenido un efecto bumerán sobre el Gobierno de Mario Abdo Benítez tras la muerte de dos menores y la protesta de Argentina, que afirma que las abatidas tenían esa nacionalidad y 11 años de edad.
Ambas se encontraban en el campamento del EPP hallado el miércoles en una zona boscosa del departamento de Concepción (norte) y tomaron parte en dos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en los que un militar resultó herido leve, según la versión oficial.
Sus cuerpos fueron exhumados este sábado a solicitud de la Fiscalía de cara a una prueba de ADN y de ser reclamados por sus familiares.
Las víctimas fueron enterradas el mismo día de sus muertes en un cementerio de la zona sin haber sido identificadas, lo que la Fiscalía justificó por el protocolo COVID.
Si esa rápida sepultura ya planteaba interrogantes, estas se convirtieron en un cruce de versiones el viernes con el comunicado de la Cancillería argentina sobre sus edades y nacionalidad.
El Gobierno paraguayo mantiene, tras el examen anatómico forense, que tenían entre 15 y 17 años.
Y asegura que son paraguayas y posiblemente hijas de líderes de la guerrilla, fundada en 2008 bajo postulados marxistas leninistas, sin descartar que pudieron haber crecido en Argentina.
EL PRESIDENTE COMO COMANDANTE EN JEFE
Al margen de esas diferencias de datos, los principales partidos de la oposición han repudiado el resultante del operativo, que según esas formaciones descalifica al propio Gobierno, que lo tildó de exitoso.
Se han centrado además en el hecho de que Abdo Benítez se desplazara al lugar "para mostrar algún resultado positivo en el marco de su nefasta gestión en la conducción de este país", dice el comunicado del viernes de la denominada Mesa de Presidentes de Partidos de la Oposición.
Abdo Benítez se trasladó el miércoles a Concepción tras suspender su agenda de ese día, que incluía una reunión de alto nivel entre los dirigentes del gobernante Partido Colorado.
Para entonces la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el cuerpo que combate al EPP, había informado de las dos muertes, ocurridas en un lapso de tiempo de unos cuarenta minutos.
Así como del allanamiento del que se dijo que sería el principal campamento de la guerrilla, del que huyeron alrededor de una docena de guerrilleros después del primer intercambio de fuego.
En el campamento se encontraron armas, explosivos, portátiles, teléfonos móviles, diversa documentación, pertrechos y unos 16.000 dólares.
El mandatario, que también visitó ese campamento, dio una rueda de prensa esa tarde para anunciar que el operativo de persecución seguía su curso, aunque hizo un llamamiento a los guerrilleros para que se entregaran de forma pacífica.
NUEVO GIRO
No obstante, horas después comenzaron a surgir otras informaciones sobre las víctimas y cuestionando su papel en los choques armados.
La familiar de uno de los jefes de la guerrilla anunció por redes sociales que tenían 11 años y vivían en Argentina, lo que coincide con el comunicado de la Cancillería argentina.
Según ese testimonio, habían cruzado la frontera para visitar a sus parientes, integrantes del EPP.
Por otro lado, la encarcelada Carmen Villalba, una de las fundadoras del EPP, divulgó un audio, citado por los medios locales, para denunciar que las menores no eran "beligerantes" y que fueron ejecutadas.
Desde el Gobierno se especula con que eran hijas de Magna Meza y de Liliana Villalba, a las que señala como líderes en activo del EPP.
GOBIERNO: "MURIERON EN COMBATE"
Sin embargo, y según la FTC, la primera de las menores abatidas vigilaba el campamento y abrió fuego al ser detectada por una patrulla de reconocimiento.
La segunda murió en un segundo choque con los guerrilleros que escaparon del campamento.
"Esas personas murieron en combate en plena confrontación con las Fuerzas Armadas (...) Los propios padres les entregaron armas, uniformes y les pusieron en un puesto de vigilancia", dijo el viernes a los medios el ministro de Asuntos Internacionales, Federico González.
Organizaciones de derechos humanos han criticado al Gobierno el no haber previsto que podría haber menores entre los guerrilleros.
De hecho, el Gobierno aseguró el jueves que tiene registrados al menos once casos de menores reclutados por la guerrilla en los últimos años.
Al tiempo que responsabilizó al EPP por la muerte de las dos menores y de "utilizar para fines ilícitos a niños/niñas y adolescentes".