La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestó el domingo su "profunda preocupación" por los seguimientos militares a periodistas y defensores de los derechos humanos, y urgió al gobierno a tomar acciones frente a estas prácticas irregulares.
El presunto espionaje a comunicadores, activistas, abogados y políticos por parte de inteligencia militar salió a la luz tras una publicación de la revista Semana, y desencadenó el repudio de la prensa y del propio presidente Iván Duque, que pidió castigo para los responsables.
En el Día de la Libertad de Prensa, la delegación de la ONU expresó en un comunicado "su profunda preocupación por estas denuncias públicas que señalan la existencia de agresiones" a periodistas y demás personas que fueron objeto de actividades de inteligencia el año pasado, según dijeron a Semana fuentes militares bajo reserva.
De acuerdo a lo revelado por esa revista, unas 130 personas estuvieron en la mira de la inteligencia del ejército, que los perfiló y abrió carpetas con sus datos y contactos sin una orden judicial.
Entre los "blancos" figuran periodistas estadounidenses y locales, que publicaron escándalos como el de las directrices secretas del alto mando militar que podían llevar a nuevas ejecuciones extrajudiciales, tras el asesinato de cientos de civiles que fueron presentados como rebeldes caídos en combate para inflar los logros oficiales en el gobierno del ahora senador Álvaro Uribe (2002-2010).
En medio del escándalo, la Oficina de la ONU destacó la decisión del presidente Duque de apartar del servicio a una docena de oficiales, incluido un general, por otro episodio de escuchas ilegales a periodistas, políticos y jueces divulgado a principios de año.
Los militares fueron dados de baja el viernes, poco antes de que empezara a circular la edición de la revista Semana en la que se dio a conocer el más reciente escándalo de seguimientos.
Naciones Unidas urgió al gobierno a "tomar todas aquellas acciones adicionales" que garanticen que no se repitan actividades contra la prensa y demás sectores civiles.
"La Oficina recuerda que, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, la regulación e implementación de actividades de inteligencia debe guardar correspondencia con la garantía de protección de los derechos humanos, no vulnerarlos", añadió.
vel/yow
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