La población del continente africano comparte el mismo grito contra el estado de urgencia, el confinamiento y el toque de queda, medidas adoptadas por la mayoría de los países, para frenar la propagación del coronavirus. Y es que el dilema es quedarse en casa o comer.
Garcia Landu, un conductor de mototaxi en Luanda, la capital angoleña, se ha devanado los sesos para resolver el dilema y no tiene otra elección que ignorar la orden de las autoridades.
"Tenemos responsabilidades con nuestras familias, nuestros hijos. Hay que salir para traer algo que comer a casa", dice este padre de familia, con su casco de color rojo y negro, los colores de la bandera nacional, calado en la cabeza.
"Más vale morir de esta enfermedad o de un disparo que de hambre", dice. "Nunca aceptaría morir de hambre. Imposible..."
Viendo la muchedumbre en los mercados, en los pequeños comercios o en los puntos de agua de la magalópolis angoleña, los insumisos al estado de urgencia, como Garcia Landu, siguen en las calles.
Aunque no impone un confinamiento estricto, como en Sudáfrica, la orden del presidente Joao Lourenço limita considerablemente los desplazamientos, las reuniones y las actividades públicas.
Según el último balance oficial, diez casos de COVID-19 se han reportado en Angola, de ellos dos mortales.
- "Sacrificios" -
"La situación exige (...) sacrificios de todos los ciudadanos; los derechos y la vida profesional y social deberán reducirse", dijo el jefe del Estado en su discurso a la nación la semana pasada.
Pero no tanto como para privarse de agua, afirma Quechinha Paulina. Viuda, vive con dificultad de ayudas sociales en el barrio de Cazenga, sin una fuente cerca.
"Hace dos semanas que he pedido que pase el camión cisterna pero sigue sin pasar", lamenta. "Por tanto, esta mañana, me he levantado a las 3 de la mañana para venir a buscarlo aquí", lejos de su casa.
Buscar agua, dinero y, sobre todo, encontrar algo para comer son razones más que legítimas para salir de casa, con o sin estado de urgencia.
Para limitar las salidas, el gobierno ha prometido garantizar algunos servicios básicos en los barrios desfavorecidos, como la distribución de agua. Los operadores telefónicos contribuyen ofreciendo minutos de llamadas gratis para evitar las filas en los puntos de venta.
Pero está claro que esto no ha logrado vaciar las calles de Luanda. A lo largo de la semana las fuerzas del orden han ido incrementando la represión.
"No toleraremos la desobediencia", advirtió el comandante en jefe de la policía, Paulo de Almeida, antes de que entrara en vigor la urgencia. "Se trata de la salud de todos".
- "Tercos" -
El viernes, el ministro del Interior Eugenio Laborinho informó que 1.209 personas habían sido detenidas. Más de un millar por entrar en territorio angoleño pese al cierre de fronteras y 189 por violar el estado de urgencia.
"La policía no está en la calle para complacer o distribuir chocolates", justificó Laborinho, "la gente es terca, saben que deben quedarse en casa".
"El estado de urgencia no se respetará mientras la gente dependa de las ventas en la calle para alimentar a su familia", dice el periodista cercano a la oposición Rafael Marques.
Normalmente crítico con el régimen, ahora ve cosas buenas en el estado de excepción. "Las ha adoptado por el bien de la gente", dice Marques, "si la epidemia se propaga, será demasiado tarde..."
Pero en el guirigay y la efervescencia de las calles de la capital, este discurso de precaución no se escucha.
"Esta enfermedad es peligrosa. Todo el mundo lo sabe, todos lo han entendido. Pero quedarse en casa no cambiará nada", reta Domingos Joao, un conductor de taxi colectivo, mientras rocía con gel hidroalcohólico las manos de los pasajeros. "¿Ven?, estamos en la calle pero respetamos las reglas", dice.
"Si la COVID-19 empieza a propagarse aquí, estamos acabados, miles de angoleños se contagiarán", advierte el docente Geraldo Dala, que ha salido a hacer la compra. "Pero la gente está obligada a salir por pan o un kilo de arroz", repite. "Tienen que satisfacer las necesidades de sus familias", resume.
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