WASHINGTON (AP) — Por lo menos 138 salvadoreños deportados por Estados Unidos en los últimos años fueron asesinados tras regresar a su país, dijo Human Rights Watch en un reporte publicado el miércoles, mientras el gobierno de Donald Trump dificulta que los centroamericanos busquen refugio en la nación norteamericana.
La mayoría de los decesos documentados por HRW en el informe ocurrieron menos de un año después de que los deportados volviesen a El Salvador, y algunos incluso en cuestión de días. La organización de derechos humanos confirmó también al menos 70 casos de agresión sexual u otro tipo de violencia.
Tales hechos de violencia ponen de relieve el riesgo que enfrenta la gente que es forzada a regresar por una ley estadounidense que obliga a deportar a extranjeros condenados por determinados delitos, y por las políticas del gobierno de Trump que desaniman a los solicitantes de asilo, señaló Alison Leal Parker, directora gerente del grupo en Estados Unidos.
“Nuestra preocupación es que muchas de estas personas se enfrentan a una sentencia de muerte”, señaló Leal Parker.
Entre 2014 y 2018, Estados Unidos deportó a alrededor de 111.000 salvadoreños a su país, que durante mucho tiempo ha sido dominado por la violencia de las maras.
Naciones Unidas reportó el año pasado que los asesinatos en El Salvador, en su mayoría ligados al conflicto de las pandillas, descendieron desde su apogeo de más de 6.000 en 2015. Pero el país sigue teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
Mientras tanto, el número de salvadoreños que solicitaron asilo en Estados Unidos creció cerca de 1.000% entre 2012 y 2017, y muchos de ellos alegaron amenazas de bandas como motivo. Sólo alrededor del 18% recibió protección.
Human Rights Watch confirmó las 138 muertes durante ese periodo a través de los registros oficiales, entrevistas con familias y reportes en prensa, pero cree que la cifra real es mucho más alta, en parte porque algunas no se notifican por el estigma de la deportación. El número de agresiones es probablemente bajo también por la falta de denuncias en el país, de 6,5 millones de habitantes.
La canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco dijo a la prensa que algunos asesinados eran miembros de pandillas, aunque reconoció que los deportados enfrentan estigmatización en el país.
La funcionaria atribuyó la violencia en el país a disputas entre pandillas, y evitó responder directamente cuando le preguntaron sobre las denuncias contenidas en el informe de que policías han asesinado a deportados que supuestamente formaban parte de grupos delictivos.
“Miren, tenemos que tomar todo en contexto”, agregó. “Las pandillas matan niños, desmiembran, son el terror de comunidades y nosotros estamos trabajando mucho, muchísimo bajo el mandato del presidente (Nayib) Bukele”.
Los homicidios mencionados en el estudio ocurrieron durante los gobiernos de Trump y Barack Obama. Trump ha convertido el control de la inmigración en una de las prioridades de su gobierno. Esto incluye la política de obligar a los solicitantes de asilo centroamericanos a esperar en México mientras sus peticiones son evaluadas y se les regresa a sus países si fueron rechazadas.
Antes, muchos de los que reclaman protección habrían podido quedar en libertad condicional en Estados Unidos a la espera de una decisión que podría demorarse un año o más. El Departamento de Seguridad Nacional asegura que está intentando hacer que el proceso sea más eficiente y acabar con las solicitudes fraudulentas.
“Este informe es un vergonzoso recordatorio de la política xenofóbica del gobierno de Trump de negar protección significativa a las familias vulnerables que huyen de una muerte segura en sus países”, dijo el senador demócrata Bob Menendez en un comunicado.
Parker y otros críticos apuntan que este reporte, y las labores previas de documentar la violencia contra los salvadoreños que esperan la resolución de sus casos en localidades fronterizas mexicanas, muestran los riesgos de la política migratoria estadounidense.
“Estamos profundamente preocupados por el intento del gobierno de Trump de aniquilar el derecho a buscar asilo en Estados Unidos”, agregó.
HRW instó a la Casa Blanca a retirar la política que hace que los solicitantes de asilo tengan que esperar en México, además de los acuerdos que permiten que guatemaltecos, salvadoreños y hondureños sean reubicados en otros países de Centroamérica. También pidió al secretario de Justicia que revoque las restricciones que complicaron la petición de asilo en el país a causa de las amenazas de las maras o la violencia de género.
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El periodista de The Associated Press Marcos Alemán en San Salvador contribuyó a este despacho.
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