SANTIAGO DE CHILE (AP) — Estudiantes de bachillerato, los mismos que hace dos meses detonaron una crisis social inédita en Chile, boicotearon el martes por segunda jornada consecutiva la rendición de una prueba de ingreso a la universidad mientras la filtración de uno de los cuatro exámenes que la componen llevó a que fuera suspendida en todo el país.
La filtración de la sección de historia, geografía y ciencias sociales que debía tomarse por la tarde terminó por convertir en un desastre el proceso de aplicación de la llamada Prueba de Selección Universitaria (PSU), que nunca había experimentado las dificultades de este año.
El examen está compuesto por pruebas obligatorias de lenguaje y matemáticas y optativas de ciencias e historia. No se ha explicado en qué circunstancias se filtró el contenido.
Más temprano, grupos de estudiantes ubicados en las afueras de algunas escuelas donde se tomaba el examen gritaron e hicieron ruido para impedir el silencio necesario para rendir la prueba, mientras otros ingresaron a las sedes y corrían y metían bulla en los pasillos. Se observaron muchas discusiones y hasta empujones entre jóvenes partidarios del boicot y padres de alumnos que querían someterse a la PSU.
Después de un rato las autoridades suspendieron la prueba en varias escuelas. Algunos alumnos salieron llorando mientras otros se quejaron porque habían invertido tiempo y dinero para prepararse para el examen.
Rodolfo Sepúlveda, apoderado de un alumno que quería rendir la PSU, dijo a The Associated Press que “ellos están minando el derecho constitucional de aquellos que se prepararon para poder ingresar (a la universidad)”.
En Chile existe una enseñanza claramente estratificada: de los 3,5 millones de estudiantes en torno del 35% concurre a escuelas públicas gratuitas, un 55% asiste a colegios particulares con subvención estatal y cerca de un 8% a institutos particulares. La calidad de la enseñanza que reciben se refleja en los resultados de la PSU.
La PSU es considerada discriminatoria por líderes de los alumnos de bachillerato porque refleja en sus resultados la calidad de la educación: los alumnos de grupos acomodados ingresan casi todos a la universidad, seguidos por los jóvenes de clase media, mientras quienes provienen de los colegios públicos generalmente quedan afuera de la educación superior. Un grupo siempre perjudicado es el de los alumnos de enseñanza técnica que, por ejemplo, reciben semanalmente la mitad de las horas de clase de ciencia que el resto.
“Yo no tuve ciencias, sólo los dos primeros años, y aparecían cosas que yo ni siquiera pasé. Eso no es justo”, dijo a AP el estudiante Cristóbal Candia, de 18 años.
Marcelo Mella, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, explicó a AP que la PSU es una prueba estandarizada que “reproduce la desigualdad social de Chile”.
Agregó que “el caso chileno es excepcional, la prueba estandarizada es un mecanismo que está en retroceso y está siendo reemplazado por pruebas específicas que piden requisitos de acuerdo con las carreras que se quiere postular”.
La víspera unos 42.000 estudiantes, de un total de 297.400, tampoco pudieron rendir la prueba. Las autoridades dijeron que tendrán una nueva oportunidad en los próximos días. De momento no han informado cuántos alumnos pudieron rendir el examen el martes.
Debido al estallido social del 18 de octubre y las multitudinarias manifestaciones y olas de violencia que lo siguieron, las autoridades suspendieron la prueba en noviembre y diciembre. Los dirigentes de las protestas contra la PSU demandaron, sin éxito, una tercera postergación y un mecanismo de “emergencia” para seleccionar a quienes ingresarán a las universidades en 2020.
La derogación de la PSU, cuya modificación es analizada por especialistas, no estuvo incluida en las primeras demandas sociales que incluían mejores pensiones, salarios, salud y educación.
Mella indicó que otras demandas, como la derogación de la PSU, se han ido sumando de a poco a las manifestaciones. “En la medida que el gobierno no pueda responder, la escalada de demandas va a continuar al alza en el primer semestre del 2020”.
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El periodista de AP Marcos Sepúlveda colaboró en esta nota.
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