Al menos media docena de empresas que fabricaban o distribuían analgésicos opioides con receta afrontaban una investigación penal federal por su papel en una crisis nacional de adicciones y sobredosis en Estados Unidos.
The Wall Street Journal informó primero sobre la investigación el martes, citando fuentes anónimas conocedoras de la pesquisa.
Muchos activistas han pedido que las farmacéuticas afronten no solo demandas civiles, sino también cargos penales. Una investigación es un paso en esa dirección, aunque no estaba claro si se presentarían cargos ni, en ese caso, cuándo se presentarían.
Las fabricantes Amneal Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, Mallinckrodt y Teva Pharmaceutical Industries recibieron citaciones de la fiscalía federal en Brooklyn para comparecer ante jurados investigadores, al igual que las distribuidoras AmerisourceBergen y McKesson.
La mayoría de esas empresas han informado este año a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) de las citaciones federales.
Johnson & Johnson y su filial Janssen indicaron el martes en un comunicado que entienden que la solicitud de información forma parte de una “investigación más amplia en todo el sector sobre los programas de monitoreo y de reporte de fabricantes y distribuidoras amparadas en la Ley de sustancias controladas”.
Jonson & Johnson y Teva señalaron en sus comunicados que sus protocolos de monitoreo de fármacos eran acordes a la ley.
“De hecho, los datos de monitoreo muestran que los opioides de la empresa rara vez se ven desviados o consumidos de forma abusiva”, dijo Johnson & Johnson.
Todas las firmas salvo la fabricante de medicamentos genéricos Amneal, con sede en Nueva Jersey, aparecen también como acusadas en más de 2.000 demandas civiles presentadas por gobiernos estatales y locales, que afirman que sus prácticas de promoción y distribución de fármacos contribuyeron a una crisis de opioides relacionada con más de 400.000 muertes en Estados Unidos desde el año 2000. La cifra de muertes incluye las relacionadas con opioides con receta y las debidas a sustancias ilegales como heroína y el fentanilo fabricado de forma ilegal.
Una de las alegaciones clave en esas demandas es que las empresas incumplieron la Ley de sustancias controladas por no reportar y detener los envíos de pedidos sospechosos.
En dos casos este año se presentaron cargos penales por ese motivo en procesos que afectaban a distribuidoras más pequeñas. En Nueva York, Rochester Drug Cooperative pagó 20 millones de dólares y accedió a un acuerdo con la acusación. Y en Ohio, Miami-Luken y dos de sus ejecutivos afrontan cargos similares, que la compañía, ahora disuelta, rechaza.
La empresa más asociada a la crisis de opioides, el fabricante de OxyContin Purdue Pharma, también ha indicado que podría afrontar cargos penales. En una declaración de bancarrota en la que detalla sus propuestas de acuerdos para resolver varias demandas, la firma dijo que un requisito sería la resolución de toda responsabilidad federal.
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