Más de cien personas con diversas discapacidades avanzan por la carretera en sillas de ruedas o con muletas, en una marcha iniciada hace casi un mes con destino a La Paz para reclamar al gobierno del presidente Evo Morales un incremento en sus pensiones.
La marcha comenzó en marzo en Cochabamba, a 220 kilómetros al este de La Paz, y el viernes el grupo estaba a 80 kilómetros de la capital, en el poblado de Patacamaya, donde descansará este fin de semana para reanudar la protesta la próxima semana. Esperan llegar a La Paz el lunes 25.
A medida que se acercan a la capital, más personas discapacitadas se suman a la protesta. Además, personas en situación similar instalaron campamentos en algunas ciudades para apoyar el reclamo.
En su recorrido los manifestantes treparon desde el valle hasta el altiplano a casi 3.900 metros de altitud soportando el frío, el sol inclemente, el hambre y los dolores musculares, según el testimonio de Rosmery Guarita, una de las participantes.
"Los dolores y las ampollas nos impiden seguir la caminata, así que descansaremos el fin de semana para retomar el lunes"
"Los dolores y las ampollas nos impiden seguir la caminata, así que descansaremos el fin de semana para retomar el lunes. La gente nos ayuda en el camino", dijo Guarita.
"Soy de Pailón (Santa Cruz) y ayudo a mi familia lavando autos, pero al día gano 15 bolivianos y nadie me da trabajo. Estoy cargando la cruz que representa el sufrimiento de todos los discapacitados, por eso me crucificaré con clavos en La Paz y sujetaré mi cuerpo con la cadena que simboliza la fortaleza de todos nosotros", expresó Víctor Irala, quien portaba la bandera de Santa Cruz, para el diario local La Razón.
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Mientras tanto, familiares empujan las sillas de rueda, mientras los discapacitados reciben ayuda y la solidaridad de personas y agrupaciones que respaldan su demanda durante el recorrido. Comen de una olla común preparada por parientes que acompañan la marcha.
En tanto, según la misma fuente, en La Paz, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, aseguró ayer que la marcha de los discapacitados se está politizando. "Me llamó la atención escuchar portavoces de una denominada Fejuve, que en realidad es una Fejuve revillista que responde al alcalde de La Paz (Luis Revilla)", denunció.
Cerca de 30.000 discapacitados –reconocidos por el Estado en función de su grado de impedimento– reciben una pensión anual que equivale a 143 dólares, pero ellos reclaman un subsidio de 862 dólares al año que sea pagado en cuotas mensuales de 71 dólares.
"Es un incremento de más del 500% que el Gobierno no está en condiciones de pagar, pero hemos manifestado nuestra disposición de negociar un acuerdo", dijo el viernes la ministra de Salud, Ariana Campero.
Las negociaciones han fracasado hasta ahora.
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