Hace veinte años Sonia Della Vedova de Godoy y Clorinda del Carmen Gallegos de Sandoni ganaron un campo de 327 hectáreas en una rifa escolar, pero nunca pudieron escriturar. Una de ellas falleció hace dos meses de una enfermedad renal sin haber podido disfrutar nunca de su premio. Ahora, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el municipio de Chascomús deberá indemnizar a las ganadoras con $100 millones.
En 1995 las mujeres compraron a $700 el cartón con el número 2300 del sorteo organizado por tres escuelas rurales que buscaban recaudar plata para las cooperadoras. El mismo fue autorizado por el Concejo Deliberante. El primer premio era un predio comprado por una empresa que organizaba sorteos. No obstante, nadie verificó que el mismo no tenía escritura, sino boleto de compra.
La propiedad es ideal para la explotación agropecuaria y está valuada en 4,5 millones de dólares. La misma fue a remate judicial y tiene un nuevo dueño. Según informó el diario Clarín, las ganadoras apelaron a la Justicia y denunciaron ante el Juzgado Civil y Comercial N° 27 de La Plata a las cooperadoras, a la Provincia y a la empresa.
En primera instancia fueron todos condenados a resarcir a las ganadoras, pero los dueños de la firma responsabilizaron a la comuna. La Corte Suprema ratificó la condena al municipio de Chascomús por la irregularidad y lo condenó al pago de $100 millones por daños y perjuicios y lucro cesante.
Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda rechazaron el recurso presentado por la comuna que ahora deberá pagar. "Es una situación sumamente compleja. No podemos pagar ese monto porque quedaría la Municipalidad en cesación de pagos y en quiebra. Tendremos que iniciar un proceso de negociación", dijo el intendente de Chascomús, Javier Gastón.
El funcionario tomó distancia y aclaró que "se trata de una situación heredada". Por su parte, el secretario de Gobierno, Cipriano Pérez del Cerro, reveló que Chascomús tiene un déficit operativo de 12 millones de pesos y en diciembre tenía una deuda de 35 millones.
"Ya existe un proceso de embargo y de ejecución de bienes comunales que se realizó en forma preventiva. Pero con eso no alcanza para cubrir el monto de la indemnización reclamada", aseguró el abogado.
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