La presidente brasileña, Dilma Rousseff, planteó el jueves un "gran pacto nacional" de cinco puntos que permita al país superar su delicada crisis política y económica, pero aclaró que toda discusión deberá comenzar con el "respeto a los votos".
La mandataria, que está bajo amenaza de ser sometida a un juicio político en el Congreso con miras a su destitución, propuso las bases de ese acuerdo durante una ceremonia celebrada en el Palacio presidencial de Planalto, en la que decenas de mujeres le expresaron su apoyo.
"Precisamos un pacto, un entendimiento nacional, porque este gobierno es para todos los ciudadanos y, por tanto, la intolerancia y el odio no sirven", dijo en lo que fue bautizado como "Encuentro de Mujeres en Defensa de la Democracia".
"Precisamos un pacto, un entendimiento nacional, porque este gobierno es para todos los ciudadanos y, por tanto, la intolerancia y el odio no sirven"
"Tengo responsabilidad con el país, con la democracia, con el desarrollo, el crecimiento económico y la inclusión social. Busco, busqué y buscaré consensos capaces de superar toda crisis", pero "todo pacto siempre tiene condiciones", aclaró.
En primer lugar, citó el "respeto al voto", en alusión a los 54 millones de sufragios que la llevaron a la reelección en 2014.
También exigió que el Congreso deje de discutir "pautas que no le sirven al país", unidad política para la aprobación de reformas en favor de los más pobres, que se propicie la reanudación del crecimiento económico y también que se "preserven los derechos conquistados por los trabajadores".
Como última "condición", señaló "una necesaria, imprescindible y urgente reforma política".
No obstante, subrayó que "la primera premisa debe ser la defensa de la voluntad popular manifestada por el voto" y garantizó que "ningún pacto puede ser discutido si no se respetan los votos".
Apuntó que "también deben ser respetados" los millones de brasileños que votaron por otros candidatos, "pero creyeron en las elecciones y creen en las reglas de la democracia".
Rousseff insistió en que no existe "ninguna razón jurídica" que justifique el proceso abierto en su contra, pese a que, la víspera, el instructor de una comisión parlamentaria que estudia el caso recomendó avanzar hacia el juicio político, ya que identificó trazos de ilegalidad en la gestión del Gobierno.
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Esa comisión de 65 miembros decidirá el 11 de abril si hay argumentos para aprobar el pedido de juicio y luego someterlo a la consideración del plenario de 513 diputados. Para que el proceso avance hacia el Senado, deberá tener el visto bueno de dos tercios de la cámara (342 diputados).
Superada esa instancia, el Senado hará su primera evaluación y si ratifica una eventual aprobación de los diputados, Rousseff será removida de su cargo por hasta 180 días para tramitar el juicio propiamente dicho.
Según la presidente, "lo que está en juego en este momento es el respeto de las reglas democráticas", porque "intentar derrumbar a una presidente elegida que no ha cometido delitos es un insulto a todos los electores".
Sostuvo además que, en caso de que prospere el juicio político, "no será un gobernante elegido el que será destituido, sino que será la propia democracia la que quedará desmoralizada" ahora y a futuro.
"Es un golpe disimulado con un pretendido barniz de legalidad, pero es pura y simplemente un golpe", declaró Rousseff, ovacionada por las decenas de activistas de organizaciones campesinas, sindicales y feministas que asistieron al acto.
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