Temas pendientes de resolución en los servicios públicos

A pesar de los temores que ello desata en la población y de los reclamos de las asociaciones de usuarios, actualmente existe un acuerdo más o menos generalizado en que el valor de las tarifas de los servicios públicos que se cobra en la capital federal, Gran Buenos Aires y, en algunos casos, en el país entero, debería continuar su actualización. Todo el problema parecería residir en cómo evitar que este ajuste impacte muy fuertemente en la población de menores ingresos.

Si bien es prematuro, y sin desmerecer la importancia de este ajuste tarifario para disminuir el déficit fiscal y la tasa de inflación y sus consecuencias distributivas en la población, es preciso tener presente que esto sólo representa la punta del iceberg de los problemas a resolver en materia de servicios públicos, en particular e infraestructura, en general.

En el corto-mediano plazo parece correcto atacar, en primer lugar, el problema fiscal y reducir la asistencia del Tesoro Nacional para cubrir la brecha entre ingresos y costos en los servicios públicos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, mirando el largo plazo, el problema más grave es reconstituir la infraestructura destruida a partir de la política de precios y tarifas de servicios públicos aplicada desde el año 2002 en adelante, sin lo cual es imposible pensar en crecer y mejorar los ingresos de la población.

Alcanzar este objetivo, a su vez, presenta una enorme dificultad, pues implica una cantidad inmensa de recursos, relativos a la situación fiscal del país y de su acceso al crédito. Para tener una idea de ello basta mencionar que, según lo informado oficialmente, entre 1991 y 2000 la inversión bruta fija que las empresas privatizadas realizaron para cumplir con sus obligaciones contractuales llegó a 52.873 millones de dólares.

Desconozco si existe una estimación sobre la inversión que hoy es necesario realizar para recuperar la infraestructura y tal vez la cifra no tenga la dimensión mencionada, pero sin duda va a ser importante y requerirá de recursos financieros de los que el país hoy no dispone y que, por tanto, necesariamente deberán provenir del exterior, sea como préstamos de organismos multilaterales de crédito, sea por inversión privada directa.

Suponiendo que los recursos estén, la capacidad de gestión del Estado de los últimos 15 años ha demostrado ser claramente insuficiente para liderar un proceso de reconstitución de la infraestructura de la dimensión requerida y, por tanto, será imprescindible recurrir a la iniciativa privada, con supervisión estatal.

Para que ello ocurra, es preciso reconstituir incentivos claros y fiables que induzcan dicha inversión con ganancias de eficiencia para los usuarios y los consumidores, ya que las respectivas regulaciones que anteriormente constituían la referencia para establecer el nivel tarifario, consistente con estos incentivos y la manera de ajustar dicho nivel están actualmente destruidas y las decisiones al respecto son arbitrarias y responden más a una necesidad fiscal que al objetivo de largo plazo de tener servicios públicos que aumenten el bienestar de los usuarios y la competitividad de la economía.

Un segundo tema, tal vez más importante que el primero, es la necesidad de aclarar ciertos sofismas que desprestigiaron infundadamente a la actividad privada en la prestación de los servicios públicos.

En esta tarea, lo primero es neutralizar el mito de las exorbitantes ganancias que tuvieron las empresas privatizadas, argumento en que se fundara la sanción los artículos de la ley 25561 que congeló las tarifas de los servicios públicos y que literalmente mató la inversión que venían haciendo dichas empresas. El primer cuadro muestra claramente que la tasa contable de ganancia de las empresas privatizadas no era demasiado diferente que las del mismo ramo en Estados Unidos.

En segundo lugar, las inversiones necesarias para cumplir con los compromisos de calidad y expansión del servicio que asumieron dichas empresas con el Estado requería altas tarifas, que, su vez, implican altas ganancias contables.

Pero lo que realmente importa no es el nivel de las ganancias contables, sino si estas son reinvertidas en el servicios o si se distribuyen como dividendos a los accionistas (tasa de retorno del accionista).

Para apreciar la diferencia entre ambas, analicemos el retorno contable y la tasa de retorno de los accionistas de Aguas Argentinas entre 1993 y 2001. Medida en dólares, la primera fue de 15,5% en promedio y fluctuó entre -25 y 29%, lo cual parecería exorbitante. Sin embargo, su tasa de retorno, es decir, el efectivo que puso el accionista contra el que retiró, sólo fue de -2,7 en el mismo período. O sea que, al menos en este caso, las confiscaciones que se hicieron a la luz de la ley 25561 carecen absolutamente de fundamentos, pues toda la ganancia se aplicó invertir en el servicio.

En conclusión, atraer inversión privada para prestar servicios públicos requiere recrear los marcos regulatorios destruidos por los Gobiernos desde el 2002 en adelante y, sobre todo, tener un enfoque serio, equilibrado y despojado de ideología para tratar el tema de la propiedad y la prestación privada de los servicios públicos. De lo contrario, será difícil recuperar la infraestructura y la calidad de servicios que supimos tener hasta el año 2002.