DyN 162
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Este viernes último por la mañana, desde su despacho en la Fiscalía Nº6 en los Tribunales de Comodoro Py, el fiscal Federico Delgado envió a la procuradora Alejandra Gils Carbó un documento con un tono y una temática rara vez vistos en el fuero federal. Fue, en sí, un análisis sobre una investigación preliminar realizada por su fiscalía, el fruto de trabajo de meses de Delgado y su equipo sobre el territorio narco de la Villa 31 bis, en sectores marcados por la violencia como el Playón Este y el Barrio Ferroviario, a escasas cuadras de la terminal de micros de Retiro y a pocos minutos de la Casa Rosada.

Una nota publicada en Infobae en octubre pasado fue el disparador de la tarea de Delgado. El artículo reflejaba, de cara a testimonios de fuentes que conocen a fondo la Villa, la promesa de un pico de violencia luego de meses de enfrentamientos y homicidios. Tres facciones se disputaban el territorio. Por un lado, una banda de traficantes paraguayos conocidos como "Los Sampedranos" y un grupo de peruanos bajo las órdenes del violento César Morán de la Cruz, preso en Devoto por homicidio, tentativa de homicidio y amenazas de expropiación en la Villa, con disparar a quemarropa y a la cara como marca registrada. El tercer factor era quizá el más inquietante de todos, una pista que la Justicia federal afirmó meses después: el regreso a los pasillos del Barrio Ferrioviario de Alionzo Rutillio Ramos Mariños, alias "Ruti", ex Sendero Luminoso y enemigo mortal de "Marcos" Estrada González en la Villa 1-11-14.

"Ruti" había llegado a la 31 bis a fines de la década pasada luego de ser desplazado del Bajo Flores en una violenta puja, un desembarco investigado por los fiscales Carlos Rívolo y Mónica Cuñarro con su sobrino Richard Ramos Noa, alias "Choclito" como lugarteniente. La masacre del "Señor de los Milagros", donde intentó vengarse de Estrada luego de una ingeniería en la cual infiltró a la banda de su viejo rival para un enfrentamiento que provocó cinco muertos, incluido un bebé de ocho meses, le valió a "Ruti" 18 años de cárcel en el penal de Ezeiza.

En julio último, desde el fuero de ejecución penal, el juez Axel López envió a Mariños de vuelta a Perú bajo la figura de extrañamiento, una medida legal que le permite volver a su país al cumplirse la mitad de su condena, común para mulas narco en el norte del país. En su dictamen, López le advirtió a "Ruti" que si volvía por medios ilegales, entonces tendría que cumplir la segunda mitad de su condena.

Sin embargo, hoy, y desde mediados de año, los rumores e indicios de su vuelta a la 31 bis para un enfrentamiento final contra Morán, su adversario en el terreno para liquidar a los soldados que quedan en pie y así ser el capo indiscutido de la venta de drogas en la Villa se acrecentaron para volverse una fuerte sospecha en el Juzgado Federal Nº12 de Torres, que lo investiga en una larga causa, al calor de la reciente ola de homicidios y el hallazgo de un importante arsenal en la zona de containers lindero al Barrio Cristo Obrero que este medio fue el primero en revelar. Mariños presentó mediante un abogado un pedido de exención de prisión dos semanas atrás ante la vuelta de su nombre a los medios. Torres ya ordenó su captura.

Cynthia Huamani Zambrano, alias "La Chata", de 28 años, una de sus presuntas cómplices y operadoras, que fue allanada en octubre pasado la calle Magaldi al 500 en San Martín y a la cual se le hallaron cuatro pistolas, dos ametralladoras, un chaleco antibala, una granada, marihuana y pasta base ya fue procesada por narcotráfico por el doctor Sergio Torres en el Juzgado Nº12 de Comodoro Py. El homicidio de Wilmington Gallego, un presunto dealer peruano que murió por intentar vender drogas en territorio de la 31 bis afín a "Ruti", también se vincula al ex Sendero Luminoso.

En octubre, el problema era el mismo que ahora: controlar el corazón narco de la Villa 31 bis, la "Casa del Pueblo" en la manzana 102, un aguantadero donde fue detenido dos meses antes Juan "Piedrita" Arredondo, sobrino de César Morán y señalado como su principal sicario, hoy procesado con prisión preventiva por el juez Rodolfo Canicoba Corral por los homicidios de Mónica Rojas Palma, una ex amante de Morán y Maicol Sánchez Ircash, un dealer con antecedentes y pedido de expulsión del país que intentaba penetrar en territorio de César y que murió con diez tiros en el cuerpo.

De cara a esto, Delgado despachó al área de Inteligencia Criminal de la Policía Metropolitana a la 31 bis, lo que voces en el territorio afirman que pacificó momentáneamente la situación. El enfrentamiento definitivo entre bandas aún queda por verse, pero Inteligencia Criminal, por su parte, regresó con un informe que permitió "reconstruir cuáles son las bandas enfrentadas en el asentamiento y quiénes las integran", según el documento elevado a Delgado por Gils Carbó.

Sin embargo, la división territorial de estas tres bandas narco no es el núcleo de la presentación de Delgado a la jefa del Ministerio Público. El equipo del fiscal federal encaró una tarea inédita: recopiló información de Tribunales Orales tanto federales como del fuero ordinario que sobre los juicios a los criminales de estas bandas no solo en la Villa 31 sino también en la 1-11-14, con "Marcos" Estrada como capo absoluto. Los dichos de Delgado, de cara a la información, son lapidarios: "Los Tribunales Orales que entendieron en las diferentes causas no calibraron la intensidad de los hechos en toda su dimensión a la hora de dictar sentencias".

Los procesos en torno a los narcoasesinos de los asentamientos porteños no ocurren sin dificultad, por otra parte. Delgado notó: "Una coincidencia con el resto de las causas analizadas es el cambio de versión de los testigos entre la etapa de instrucción y la de juicio oral. Ello habla de lo difícil que es ser testigo en este tipo de causas y con respecto a lo cual algo habría que hacer". Es decir, los que hablan, los que son instrumentales para lograr condenas, dejan de hablar, se contradicen a mitad de camino, cambian su versión. La sospecha de aprietes se vuelve obvia.

Villa 31: la poca cárcel

Con respecto a la Villa 31, a pesar de años de guerra narco en la zona y con varios operativos, solo hubo dos juicios y literalmente tres acusados: César Morán de la Cruz, su hermano Héctor y su cómplice Roberto Rodrigo Calla.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24 enjuició a César Morán por los delitos de tentativa de homicidio de Kenny Marks Mejía León en 2008, los homicidios de Gian Carlos Espinoza Liñán en 2009, Kevin Antonio Beltrán y Julio César Roncal Cicaguchi en 2011, más Cristian Candia Rotela en grado de tentativa. También fue acusado de cuatro hechos de hurto en 2008.

. En los cuatro cargos de hurto, Morán fue sobreseído: las causas habían prescripto.

. Por el intento de asesinar a Mejía León, quedó absuelto: la víctima cambió su versión en el juicio oral exculpando a Morán. Lo curioso es que ambos estaban detenidos en la misma unidad.

. Por el homicidio de Espinoza Liñán a tiros en la espalda y la cabeza, presuntamente por celos ya que había sido novio de una de sus concubinas, fue también absuelto. El fiscal general pidió la absolución de cara a que el único declarante no había presenciado el hecho. Sin embargo, se demostró que se había usado la misma arma en el ataque a Mejía León.

. Por la muerte de Roncal Cocachi, Morán fue absuelto. El hecho ocurrió en la manzana 5 de la Villa 31, un ataque grupal en el que se encontraba Morán. No quedó demostrado con certeza que Morán haya disparado. Los testigos se contradijeron entre sí.

. Por la muerte de Beltrán Goicochea y el intento de asesinar a Candia Rotela, Morán fue efectivamente condenado: recibió 15 años, hasta hoy, sorprendentemente, la pena más dura a un capo en un asentamiento porteño. La base para esto fue el testimonio de Candia Rotela. El joven tuvo que huir del país.

. Morán, junto a su hermano Héctor y a Roberto Rodrigo Calla, volvió a ser condenado por el TOC Nº2, por su clásico modus operandi: amenazar de muerte a personas para que abandonen sus casas. Por este delito, Morán y sus cómplices recibieron cinco años. El capo enfrenta también un pedido de extradición por una tentativa de asesinato en Lima, aprobado por el juez Sebastián Casanello.

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Villa 1-11-14: abreviados por igual

Hubo tres procesos judiciales sobre el asentamiento del Bajo Flores, cruzado por años de conflicto con Marco Antonio Estrada González al mando y su posterior huída a Paraguay con una captura internacional épica. En ellos, o Estrada González estuvo en el banquillo, o fueron acusados su mujer, su suegra y sus cómplices directos. Uno los juicios terminó en absolución. Los otros dos fueron procesos abreviados. Ninguno de los condenados, incluido el capo mismo, recibió más de seis años de cárcel. Muchos en la organización incluso recibieron condenas en suspenso. Irónicamente, Estrada González tuvo el mismo veredicto que sus cómplices.

. El crimen inicial con que "Marcos" afirmó su dominio en la 1-11-14 fue enjuiciado por el TOC Nº8: la masacre de la "canchita de los paraguayos" en febrero de 1999, donde Estrada junto a otros dos cómplices habría matado a cuatro hombres y herido a un quinto de gravedad. Fue absuelto, por pedido del fiscal general. Los testigos del hecho cambiaron su versión repetidamente. Algunos hasta dijeron haber sido amedrentados por policías para incriminar al capo narco, o por una banda rival de peruanos o paraguayos, según el relevamiento del fiscal Delgado.

. El megajuicio que encabezó el Tribunal Oral Federal Nº3 englobó a siete causas para catorce acusados. El delito fue integrar, al menos desde octubre de 2005 una banda dedicada al narcotráfico con cocaína en mulas llegadas desde Perú vía el Aeropuerto de Ezeiza. Las mulas eran transportadas por choferes de una misma remisería, llamada "Los Rebeldes". La mujer de Estrada, Silvana Salazar y su suegra, Lily Alarcón estuvieron en la lista. "Marcos" recibió seis años, lo mismo que su mujer y apenas un año más que su suegra. Cuatro miembros de la banda recibieron tres años en suspenso.

. El segundo juicio abreviado del TOF Nº3, por el mismo delito, incluyó cinco causas y 36 imputados, dos de ellos absueltos. Nuevamente, ninguna pena mayor a seis años. "Marcos" y su mujer accedieron a un llamativo beneficio: la unificación de sus condenas previas a sus nuevas penas, para redondear 10 años de cárcel en total. Hoy, "Marcos" se sienta en un country de la zona de Ezeiza.

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La rama que tapa el bosque

De vuelta a su investigación en la Villa 31, Delgado se encontró con algo que podía ser la respuesta a muchos de sus problemas, o los de cualquier fiscal federal que investigue el narcotráfico en la zona: una cámara del Gobierno porteño en uno de sus accesos. Pero la sorpresa no sirvió de mucho: "El descubrimiento de la cámara despertó cierta ilusión, ya que la Villa 31 no tiene muchas vías de ingreso. Por lo tanto, mirar la entrada de vehículos equivalía, en nuestra imaginación, a ver el ingreso de la droga. Esa cámara, además, estaba muy cerca de dependencias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de la Policía Federal. La respuesta fue muy desalentadora. La cámara estaba. Funcionaba. Sin embargo, una inoportuna rama de un árbol la obstruía".

Delgado, a su largo de su razonamiento, con citas a teóricos como el politólogo canadiense David Easton, habla de la creación de un Estado paralelo, de los narcotraficantes volviéndose en el propio sistema político de la 31 bis ante un Gobierno en retirada. Y para atacar esta realidad compleja, el fiscal plantea ante Gils Carbó una idea que muchos tienen a lo largo de los Tribunales del fuero tanto federal como ordinario pero que muy rara vez se expresa en público: unificar las causas en un solo expediente. Cuando un hecho combina homicidios, un delito del fuero de instrucción, con venta de drogas, propio del federal, hay dos expedientes en paralelo, con dos jueces y dos fiscales. "La irracionalidad del sistema judicial distribuye el trabajo de un modo tal que sin quererlo beneficia a los narcos. Basta cotejar la investigación preliminar que hace de soporte de esta presentación. Porque ordena que un juez de un fuero investigue el homicidio y a otro que se ocupe del tráfico de drogas. Separa así lo que es inseparable. Multiplica lo que no hay que multiplicar. Y el resultado de esa arbitraria fragmentación del hecho es la impunidad", dice Delgado.

No es el único pedido valiente que hace el fiscal federal. En otro planteo, va directamente contra uno de los tabúes de la investigación al narcotráfico: los abogados defensores. Delgado sugiere a la jefa de los fiscales que oriente a la PROCELAC, dirigida por su colega Carlos Gonella, a revisar sus cuentas. La sospecha de lavado se vuelve evidente: "Es lícito preguntarse si posibles honorarios no son el producto del narcotráfico. En ese caso, estaríamos frente a un lavado de dinero de manual", asegura.

Su razonamiento final apunta directamente al tejido social sensible que afecta al narcotráfico en las villas porteñas. Delgado asevera: "Hay una línea muy fina que separa límites complejos, pero límites al fin. Hablamos del peligro de que la bandera de reprimir al narcotráfico, funcione como una excusa para reprimir la pobreza y desintegrar aún más el tejido social. Sería apagar el fuego con nafta y alimentar la espiral de violencia. Aquí también el sistema judicial puede aportar otro grano de arena, ya que en las villas hay que poner más luz pública y menos balas".