La causa se había iniciado en septiembre de 2014 cuando, según la versión policial, un joven de 26 años que conducía un vehículo desobedeció la voz de alto de los efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II de Rosario. Entonces, se inició una persecución "con tiroteos entre la policía, el joven y dos hombres a bordo", de acuerdo a la declaración de los efectivos. Luego el auto derrapó y uno de los ocupantes disparó, entonces los policías respondieron y lo mataron.
Pero desde un comienzo, los familiares de Leonel Iván Mafud, padre de cuatro menores, reclamaron justicia ya que aseguraron que el joven "iba solo en el vehículo" y "jamás manejó un arma de fuego".
A 17 meses de su muerte, la investigación terminó dándole la razón a la familia de la víctima. El ministerio de Seguridad provincial emitió un comunicado en el que confirman que hay quince policías detenidos, acusados de "fraguar un escenario de persecución para encubrir lo que sería un asesinato".
Catorce de los quince policías detenidos mantenían sus puestos y entre ellos hay un comisario principal, tres oficiales y dos suboficiales. El diario La Capital agrega que el Secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad provincial, David Reniero, "todos fueron pasados a disponibilidad, y a tres o cuatro de ellos se les iniciará el proceso de destitución porque la investigación los presenta como coautores del crimen que originó la causa".
Un paquete "plantado"
La causa sumó otra grave acusación contra los efectivos de la Unidad Regional II. En junio de 2015, la viuda de Mafud se llevó una sorpresa cuando fue a revisar el vehículo de la presunta persecución, que se encontraba secuestrado en la Jefatura policial. Al revisar el estado del auto, detectó una bolsa en su interior. Había un kilo de marihuana y medio de cocaína. El mismo Fiat Marea había sido requisado luego de la muerte del joven, sin ningún hallazgo de este tipo.
La investigación avanzará en su nuevo rumbo, ya que el fiscal del caso, Miguel Moreno, y la División de Asuntos Internos determinaron que hay elementos suficientes para "acusar a los implicados de homicidio, falsedad ideológica, robo, incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado", detallaron desde la fiscalía a La Capital.
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