El Gobierno concretó este martes la declaración de emergencia en seguridad que había adelantado en diciembre. Tras sistematizar la información que surgió de la reunión que entonces mantuvo la ministra Patricia Bullrich con los responsables del área de las provincias, la Presidencia informó ayer el detalle de las medidas que se adoptarán con el objetivo de combatir los delitos complejos y el crimen organizado.
La medida, que rige por el término de un año y podrá ser prorrogada por un lapso de igual tiempo, está destinada a atacar el narcotráfico, el contrabando de armas, la financiación del terrorismo y la trata de personas, entre otros ilícitos.
El decreto encomienda a los ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte "la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos". Ordena, además, la adquisición "del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional".
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