Nuevas pruebas contra el juez Raúl Reynoso: lo acusan de recibir un campo de 700 hectáreas por una causa narco

Es matemático: un montón de tierra por un montón de droga. Para el fiscal Diego Iglesias, jefe de la Procunar, el ala del Ministerio Público que investiga delitos de narcotráfico, y su par salteño Eduardo Villalba, la ampliación que realizaron en las últimas horas en su acusación de la semana pasada al juez federal de Orán Raúl Reynoso, en donde lo señalaban como cabeza de una asociación ilícita dedicada a recaudar coimas a cambio de beneficiar narcos con fallos judiciales favorables en al menos once causas, es una suerte de síntesis de la presunta corrupción del magistrado.

Se basa en una causa originada en 2011, "la causa número doce" en la jerga del expediente: incluye el sobreseimiento de un empresario jujeño por el transporte de casi una tonelada de cocaína, con dos gendarmes detenidos a bordo de un Renault Master en el proceso y la extraña venta a la hermana de un ordenanza del juzgado de Reynoso de una finca del acusado principal. Se trata de un lote de 700 hectáreas en la zona de Rivadavia, Salta. El boleto detalló una cifra de apenas 150 mil dólares. Hoy, por orden de los fiscales de la causa y del juez Julio Bavio, el ordenanza y su hermana terminaron detenidos con su indagatoria pendiente. Y la arquitectura del presunto delito, detallada en el documento de ampliación al que accedió Infobae, es tan obvia como sorprendente.

El 19 de junio de 2011, en el Puesto de Control de Ruta Aguaray, ubicado sobre la ruta 34, se inspeccionó una camioneta Renault Master, ocupada por dos gendarmes y una mujer: se encontraron 933 paquetes de cocaína, 966 kilos de droga en total. Los gendarmes fueron detenidos, pero también resultó indagado un empresario, P.R.V, con domicilio en la ciudad de San Pedro, Jujuy. Además de regentear diversos pubs, era el dueño de la concesionaria que vendió la camioneta, un negocio que explotaba junto a su hijo. El 4 de agosto, Reynoso dictó para P.R.V la falta de mérito. En abril de 2013, el empresario recibió un sobreseimiento, dictado por el juez ya que "hasta la fecha no se han arrimado nuevos elementos de juicio o producido pruebas suficientes".

Sin embargo, P.V.R tenía un GPS, que fue incautado. El GPS tenía una ruta: poseía, según la ampliación, tracks que iban en el día del hallazgo de la droga de San Pedro a Salvador Mazza. Había arribado al puesto Aguaray veintidós minutos antes de la camioneta. La activación de celdas de celular ubicó al empresario en la zona. Villalba e Iglesias razonaron en la ampliación que el empresario había partido a la madrugada el 19 de junio de 2011 desde Jujuy para la maniobra de "hacer punta", "informando a los autores del ilícito respecto de eventuales riesgos de interceptación en la ruta pre-pactada". Además, se encontró un papel en el domicilio de P.R.V, que establecía la supuesta ruta del convoy narco. Incluía términos como "scanner".

Fue un testimonio recolectado en la causa lo que alertó la existencia del lote de 700 hectáreas, conocido como Finca Mollinedo. El Registro de la Propiedad Inmueble reveló que P.R.V lo transmitió en febrero de 2013 a la misma mujer que aportó el testimonio y delató la maniobra. El dinero usado como excusa era irrisorio para el valor de la propiedad, apenas 150 mil dólares. La mujer que denunció el hecho luego lo revendió en julio de 2014: lo hizo a Rosalía Candelaria Aparicio, hermana de Julio César Aparicio, ordenanza en el juzgado de Reynoso. A Rosalía, las incongruencias comenzaron a surgirle con un simple chequeo: a pesar de no tener actividad comercial registrada, tenía a su nombre, además del campo en Rivadavia, dos camionetas, entre ellas una Volkswagen Amarok.

La mañana de hoy fue intensa para Reynoso. El magistrado era esperado en el despacho del juez Bavio para declarar en indagatoria: no lo hizo y hasta presentó una recusación. Los fiscales de la causa barajan incluso pedir su desafuero al Consejo de la Magistratura, lo que garantizaría que termine en el asiento de atrás de un patrullero.