La Cámara Nacional Electoral (CNE) pidió ayer a la Dirección Nacional de Migraciones, a la Prefectura Naval Argentina y a la Gendarmería Nacional que informe sobre la "migración transfronteriza" antes, durante y después de las elecciones del pasado domingo, para determinar si ciudadanos provenientes de Paraguay cruzaron a la provincia de Formosa para votar ilegalmente.
El requerimiento surge de la acordada 63/15, dictada por el tribunal en junio pasado, en el que instó a los organismos a que "adopten las medidas y recaudos necesarios a los efectos de extremar los controles de los pasos fronterizos los días fijados para la celebración de elecciones nacionales primarias y generales convocadas para el 9 de agosto y 25 de octubre, respectivamente, así como los días previos y posteriores a las mismas".
El tribunal presidido por Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía recordó que a fines de 2011 recibió denuncias sobre "la existencia de ciudadanos de nacionalidad paraguaya que habrían votado en la Provincia de Formosa en las elecciones nacionales del 23 de octubre de ese año".
Según los informes periodísticos, se estimaron en más de 10.000 los casos irregulares de doble ciudadanía argentino-paraguaya. Entonces, el juzgado Federal adoptó medidas para comprobar esa denuncia y depuró la lista, en la que quedaron 890 situaciones sospechadas.
Para la oposición, medios periodísticos y ONGs, detrás de esas maniobras clientelares está el formoseño Gildo Insfrán, uno de los gobernadores más leales al kirchnerismo. El diputado radical Ricardo Buryaile aseguró que los extranjeros ingresan en cada comicio por los pasos de las localidades de Alberdi, Colonia Cano y Puerto Elsa.
"Es una estafa electoral y al fisco. Les pagamos planes sociales y no viven acá. Muchos son afiliados a partidos paraguayos", contó el legislador de la UCR.
Debido a estos antecedentes, la CNE firmó en 2013 un "convenio de cooperación y asistencia recíproca" con el Superior Tribunal de Justicia Electoral del Paraguay para "evaluar la adopción de medidas específicas y coordinadas, entre otras cuestiones, con relación a la migración electoral transfronteriza".
A raíz de ese acuerdo de asistencia, la Justicia nacional logró entrecruzar el padrón argentino con el guaraní para detectar la posible migración irregular de electores en el área de frontera entre los dos países.
El tribunal sostuvo que "resulta indispensable la cooperación de las dependencias encargadas" de los controles fronterizos, ya que ello no se encuentra en su órbita, y ratificó la "necesidad" de que los juzgados federales con competencia electoral "mantengan todas las medidas y recaudos pertinentes para extremar los controles de los pasos fronterizos con relación a las elecciones nacionales del próximo 25 de octubre".
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