El secretario general del sindicato de Pepsi Cola en la capital de Venezuela, Bladimir Camargo, informó hoy que una jueza se presentó el miércoles con la orden. "Levantó un acta y estableció una medida de 60 días para desalojar el galpón", explicó. La medida, según Camargo, es el resultado de un decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial en 2012 por el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), que ordenó el uso de los terrenos para la construcción de viviendas del programa social Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
"El proyecto no fue solamente para la zona en la que estamos nosotros, sino que involucra a ocho o diez galpones más, entre ellos Coca Cola, que anoche les notificaron y ellos desalojaron, Cargil, Nestlé, el Banco Provincial, lo que abarca más o menos unas 140 hectáreas de terreno", añadió. Según Camargo la medida fue notificada al propietario del terreno y a la empresa en 2012, cuando fue tomada la decisión.
De acuerdo con el diario El Nacional, un total de 1.000 puestos de trabajo se ven afectados por el cierre del predio, que además es un centro de distribución de 800 toneladas diarias de alimentos para Distrito Federal y los estados de Vargas y Miranda.
El dirigente sindical informó que ha solicitado la "colaboración de parte del Estado para que le dé una prorroga al ente del trabajo para que pueda reubicarse" y así garantizar los puestos de trabajo. A lo largo de la jornada de hoy un grupo de trabajadores de la planta y Empresas Polar, aliada de Pepsi Cola Venezuela, se manifestaron para exigir un pronunciamiento oficial ante la medida.
En respuesta, miembros de las Fuerzas Armadas ocuparon este jueves el complejo. "No cuestionamos que se quieran construir viviendas, que son tan necesarias, pero nos preguntamos por qué hay que afectar instalaciones industriales activas", dijo Manuel Larrazábal, director de Alimentos Polar, citado en un comunicado donde la empresa solicitó reconsiderar la medida.
Hasta el momento ni representantes de la empresa ni del gobierno de Nicolás Maduro han ofrecido detalles sobre la notificación, según la agencia de noticias EFE. Por su parte, voceros de la oposición venezolana han rechazado la medida, que han calificado de "expropiación", entre ellos el ex candidato presidencial Henrique Capriles y la ex diputada Maria Corina Machado.
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"Quiero rechazar absolutamente cualquier intento del Gobierno de expropiación, de confiscación, de seguir deteriorando la empresa privada", dijo hoy Capriles en un acto público poco después de que se conociera la medida. En esa misma línea, Machado aseguró que "meterse con Polar es meterse con Venezuela". "Sus trabajadores encarnan nuestra profunda aspiración de superación", dijo en su cuenta de Twitter. "Expropiar es robar", añadió en otro mensaje.
Pepsi Cola opera en el país petrolero de la mano de Empresas Polar, la principal compañía de alimentos de Venezuela, fabricante de productos centrales en la dieta de los venezolanos. Un hecho similar ocurrió en 2009 con un depósito de la empresa Coca Cola Femsa luego de que Chávez diera un plazo de "dos semanas" para que la embotelladora abandonara unos terrenos en el oeste de Caracas donde estacionaba los camiones encargados de la distribución de sus productos a más de 9.000 clientes de la capital.
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