Crece la tensión entre Colombia y Venezuela por el litigio marítimo que mantienen desde 1833. Tras el decreto expedido por el gobierno venezolano el pasado 26 de mayo, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, desde La Habana, manifestó que se trata de "una decisión unilateral que va contra el derecho internacional".
El gobierno de Juan Manuel Santos envió una nota de protesta el pasado 17 de junio en la que solicitó a Caracas que modifique el decreto en el que estableció las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (Zodimain).
"Estamos convencidos de que Venezuela debe responder y esperamos que responda esta nota de protesta lo más pronto posible", agregó Holguín.
El régimen de Nicolás Maduro lanzó en mayo el decreto 1787 a través del cual dispuso de las aguas que hacen parte del diferendo entre ambos países, ubicadas en las fronteras marítimas en el Golfo de Coquibacoa o Golfo de Venezuela.
Los dos países sostienen que el archipiélago de Los Monjes, que es la entrada al golfo, se encuentra dentro de su mar territorial.
Las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular, establecidas por el decreto del chavismo, abarcan desde las aguas aún no delimitadas con Colombia hasta aguas situadas al norte de la Guyana Francesa, según consigna la revista Semana.
"Las zonas operativas de defensa integral son una agrupación territorial de fuerzas y medios en un espacio geográfico (...) donde se conducirán las operaciones para la defensa...", apunta la ley expedida por Venezuela.
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Sin embargo, el ex canciller colombiano Julio Londoño Paredes aseguró que el decreto 1787 "no tiene ningún efecto en el derecho internacional". El diplomático calificó la iniciativa venezolana como un acto inamistoso, pero aclaró que no tendrá ningún efecto sobre Colombia porque las delimitaciones no se pueden modificar mediante decretos unilaterales.
La zona en disputa por ambos países es una importante reserva de gas y petróleo, donde la empresa Gazpron, empresa estatal de Rusia, viene adelantando la explotación de gas.
De acuerdo a lo informado por la revista local, dirigentes políticos oficialistas y opositores consideran el decreto de Nicolás Maduro como una cortina de humo para tapar la difícil situación que atraviesa Venezuela.
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