El Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano máximo de esa institución, ordenó el pasado miércoles 15 de abril el archivo del informe del Programa Fútbol Para Todos. Se trata de un hecho sin precedentes en la práctica gubernamental de ese organismo. También lo es por sus consecuencias institucionales y sus efectos sobre la transparencia de la cosa pública.
Esta situación inédita motivó que centros de excelencia académica posaran su atención sobre esta cuestión. Es así que la Universidad de San Andrés, a través de su Departamento de Derecho y del Centro de Estudios Anticorrupción, organizó la sesión de debate titulada "¿Quién controla el Fútbol Para Todos? Una discusión sobre la investigación de la Auditoría General de la Nación". En esa jornada académica pudimos, personalmente, hacer públicas algunas cuestiones que son elementales para considerar tanto los efectos de esta decisión como su trascendencia.
Primero, insistimos con el compromiso público de la AGN con la transparencia pública y la más amplia circulación y publicidad de sus productos de auditoría. Es por eso que nos resulta llamativo, cuando menos, que el oficialismo haya tomado una decisión que importa, de modo expreso, dificultar el acceso de la ciudadanía a los hallazgos realizados por nuestros profesionales. Segundo, adviértase bien cuál es el contenido de ese informe; sólo así podrá dimensionarse el resultado de nuestra actividad.
Aquí destacamos: (1) el contrato entre AFA y la Jefatura de Gabinete no fue sometido al reglamento de contrataciones del Estado, lo que implica la inexistencia de controles adecuados; (2) no existen estudios técnicos o parámetros que justifiquen el desembolso de parte del Estado Nacional de casi tres mil millones de pesos desde el año 2009 hasta 2012; (3) los clubes de fútbol continúan en una situación paupérrima desde un punto de vista económico, pese a que uno de los objetivos del contrato era su saneamiento; (4) a partir de marzo de 2014 toda la pauta publicitaria de Fútbol para Todos es oficial; (5) surge un tratamiento absolutamente arbitrario y discrecional respecto de IVECO, dado que no existen criterios ni racionales ni objetivos que justifiquen por qué esta empresa debería ser el único sponsor privado de esas transmisiones.
Por último, insistimos en que es fundamental, para una institución encargada de controlar el empleo de los recursos públicos, comprometerse con la difusión pública de los resultados de sus trabajos. Un ámbito universitario, como el referido, constituye un lugar propicio para llevar a cabo esa tarea. En particular, allí podrá encontrarse la tranquilidad suficiente para analizar los productos de auditoría con la neutralidad y la objetividad que sólo el ámbito científico puede brindar.
Además, el encuentro fue la oportunidad propicia para realizar un acto de desagravio. En especial, un necesario reconocimiento y defensa de los funcionarios y empleados de la AGN que cumplen sus labores con seriedad y profesionalismo; no sólo en el caso de Futbol para Todos sino en cada uno de los actos que toman para estudio. Ese trabajo, en verdad, no puede ser vilipendiado ni por mayorías circunstanciales ni por acomodaticios Auditores Generales que asumen como posición la defensa de los intereses del gobierno antes que el cumplimiento del mandato previsto en la Constitución Nacional.
Nuestra tarea debe ser el adecuado control de los recursos públicos. Eso es lo que se hizo respecto del Programa de Fútbol para Todos. Por más que la mayoría oficialista haya impuesto el archivo de las actuaciones.
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