Télam 162
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En el marco de la causa Tandanor, en la que se investiga una millonaria defraudación al Estado, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió no hacer lugar al recurso de queja interpuesto por uno de los imputados contra las resoluciones del Tribunal Oral en lo Criminal 5 que rechazó los pedidos de prescripción del expediente.

Fuentes judiciales explicaron que con la decisión de la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, "quedó expedito el camino para que se fije fecha para el juicio oral y público".

Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), que estaba en la órbita del Ministerio de Defensa, fue privatizada el primer día de 1992. La compró el grupo extranjero Indarsa, que sólo pagó la primera cuota de 7 millones de dólares, sobre un total de casi 60 millones de dólares que debía abonar.

La firma fue desguazada y el propio Estado terminó pidiendo su quiebra en 1999, luego de un jugoso negocio inmobiliario por 18 millones de pesos que Indarsa realizó con ocho hectáreas que Tandanor tenía en el barrio de Retiro. Los peritos calculan que la defraudación al Estado fue por 45.260.094,65 dólares. Y la empresa fue finalmente reestatizada en 2007.

En el expediente se investiga al ex ministro de Defensa Oscar Camilión, el representante del Estado en Tandanor, Eduardo Andrés Tesoriere –cuyo recurso derivó en la decisión del máximo tribunal penal–, y los empresarios Alejandro Bofill y Delia Lanfranco, entre otros imputados.

Por esta causa, en mayo de 2011 el juez Claudio Bonadío fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por dos ONG. Lo acusaron de demorar tres años para elevar a juicio el expediente una vez concluida la etapa probatoria y luego de la muerte del principal acusado, el ex ministro Antonio Erman González, antecesor de Camilión.

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