Los principales partidos de la oposición consiguieron las firmas necesarias y presentaron anoche una petición oficial para que sea instalada una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en la Cámara de los Diputados que se dedique a verificar las denuncias sobre desvíos de recursos en Petrobras, la mayor empresa de Brasil.
La solicitud de los opositores coincidió con la confirmación de la renuncia de la presidente de la compañía, María das Graças Foster, y de los otros cinco miembros de la dirección de la empresa, cuyos sustitutos serán anunciados el próximo viernes.
La Cámara baja informó hoy que la petición de la oposición para la apertura de la investigación cuenta con 186 firmas, por encima de las 171 necesarias. El agravamiento de la crisis de Petrobras permitió que varios diputados de partidos oficialistas también respaldaran la iniciativa, que es reclamada por los adversarios del gobierno desde el año pasado.
"El drama de Petrobras es tan grave que sensibilizó a diputados de la base oficialista"
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"El drama de Petrobras es tan grave que sensibilizó a diputados de la base oficialista, que nos ayudaron a superar el número mínimo de firmas exigido por el reglamento", afirmó el diputado Otavio Leite, vocero del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
La oposición se propone crear una nueva CPI, una comisión con amplios poderes para convocar testigos y aprobar la suspensión del secreto bancario, fiscal o telefónico de cualquier acusado. El año pasado, el Senado y la Cámara de los Diputados investigaron a Petrobras con una CPI que fue controlada por legisladores oficialistas y concluyó sin resultados importantes.
La crisis en Petrobras obligó a la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, a aceptar la renuncia de Foster, con la que tiene una antigua amistad y a la que se negaba a destituir pese a diferentes presiones. El escándalo se refiere a delitos como sobreprecios de obras, tráfico de influencias y pago de sobornos durante al menos una década, por el cual están detenidos tres ex directores de la petrolera y los dirigentes de varias contratistas de la estatal.
Según la Fiscalía, los recursos desviados eran distribuidos entre partidos políticos, principalmente el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, y otros de la alianza oficialista. Petrobras presentó la semana pasada los resultados financieros del tercer trimestre de 2014, pero excluyó de su balance las pérdidas causadas por desvíos en el seno de la petrolera estatal, que cuenta con 85.000 trabajadores.
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