"Estamos enviando un mensaje muy claro de que los violadores de derechos humanos y aquellos que se benefician de la corrupción, y sus familias, no son bienvenidos en Estados Unidos", señaló la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.
"Al ignorar los repetidos llamados a un cambio, por parte de gobiernos, líderes respetados y grupos de expertos, el gobierno venezolano ha continuado demostrando falta de respeto por los derechos humanos y las libertados fundamentales", dijo Psaki en un comunicado.
Según Washington, Caracas ha intentado "sofocar la disidencia" arremetiendo contra manifestantes que protestan por el deterioro de la situación política, económica y de seguridad.
Además, la corrupción está "contribuyendo al rápido empeoramiento de las condiciones sociales y económicas en Venezuela", señaló la nota.
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Por segunda vez en seis semanas, Washington impone sanciones contra funcionarios venezolanos, pero esta vez la medida surge enteramente del Ejecutivo y no por iniciativa de los legisladores.
El presidente Barack Obama firmó el 19 de diciembre una ley, aprobada previamente por las dos Cámaras del Congreso, que congela los bienes y cancela las visas de funcionarios venezolanos señalados de cometer violaciones de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales que sacudieron Venezuela a inicios de 2014.
Al igual que en aquella oportunidad, el gobierno estadounidense omitió detallar el número de funcionarios o ex funcionarios venezolanos afectados por la medida o sus nombres, alegando leyes de confidencialidad.
Washington se cuidó también de enfatizar que la nueva medida "es específica para individuos y no están dirigidas contra el país o sus habitantes".
Caracas y Washington mantienen tensas relaciones diplomáticas desde la llegada al poder del luego fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
La tirantez diplomática ya provocó que en 2010 se retiraran los embajadores y, en los últimos dos años, la expulsión de al menos ocho diplomáticos estadounidenses.
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