En los últimos días salieron a la luz acusaciones sobre funcionarios chavistas, como los casos del ex diplomático Ghazi Nasr al Din y el propio Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Sin embargo, la lista de señalados por organismos del gobierno de los Estados Unidos se extiende a más de 60 dirigentes.
En la selección elaborada en los últimos siete años se presentan diferentes acusaciones como violación de los derechos humanos, cooperación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y distintos grupos terroristas, y tráfico de drogas, entre otras.
"No hay que singularizar una ofensiva contra Venezuela. El tema del narcotráfico es de alta prioridad para el gobierno de los Estados Unidos y su política de seguridad", señaló Carlos Bivero, ex funcionario del servicio exterior, según consigna El Nacional.
Bivero, a su vez, aseguró que los derechos humanos son esenciales en su política exterior.
La semana pasada, la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) solicitó incluir en la lista de terroristas a Nasr al Din, quien ya en 2008 había sido acusado por el gobierno norteamericano de asistir financieramente al grupo terrorista libanés Hezbollah.
Esa misma semana, el diario ABC de España dio cuenta de un supuesto vínculo entre Cabello y el Cártel de los Soles, de acuerdo con declaraciones de su antiguo escolta, Leamsy Salazar Villafaña, quien también formó parte del cuerpo de seguridad del fallecido ex presidente Hugo Chávez.
También en 2008, los generales Hugo Carvajal y Henry Rangel Silva, y el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, fueron incorporados a una lista negra por la OCFA, por presuntos vínculos con el narcotráficos y las FARC.
Silva y Chacín, actualmente, son los gobernadores de Trujillo y Guárico, respectivamente.
El general Clíver Alcalá Cordones se sumó a esa lista en 2011 por la "creación de una ruta de armas por droga". Ese mismo año los diputados Freddy Bernal, por venta de armas, y Amílcar Figueroa, quien está señalado de proveer armas y entablar vínculos con la guerrilla colombiana. Ramón Madriz, en tanto, fue incluido por coordinar la seguridad de las FARC.
Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, fue otro de los funcionarios chavistas que en 2013 recibió sanciones por parte de los Estados Unidos, por supuestos nexos con el narcotráfico internacional.
El año pasado, por su parte, fue un año de mucha tensión en Venezuela. A raíz de las masivas manifestaciones de estudiantes y dirigentes opositores de principio de año, las fuerzas chavistas reprimieron duramente a los manifestantes, dejando un saldo de más de 40 víctimas fatales.
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Los enfrentamientos cobraron una fuerte repercusión internacional, y rápidamente la cúpula chavista estuvo en el foco de la tormenta por violación de los derechos humanos.
Semanas atrás, en diciembre de 2014, el presidente norteamericano Barack Obama impulsó la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, que incluye a 56 funcionarios venezolanos.
En este grupo figurarían la fiscal Luisa Ortega, la ex defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, el ex ministro del Interior Mguel Rodríguez Torres; el ministro Elías Jaua, los gobernadores José Vielma Mora, Henry Rangel Silva, Francisco Rangel Gómez y Alexis Ramírez; los generales Justo Noguera, Aref Richany, Sergio Rivero, Antonio Benavides, Miguel Vivas, Franklin García Duque, Hugo Carvajal, Iván Hernández Dala, Manuel Quevedo, Manuel Bernal, Julio Morales y Marcos Rojas Figueroa, entre otros, según publica el periódico venezolano.
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