El presidente de la Corporación Mercado Central, Carlos Martínez, comenzó a tercerizar el uso comercial de los 20 puestos de la sede que pretende inaugurar en breve en el barrio de Colegiales, tal como había adelantado Infobae el pasado 20 de diciembre.
A la participación de al menos tres empresas privadas en la comercialización de productos frutihortícolas, se le sumaron cuatro rubros que hasta ahora tenían prohibido explotar, como "Panificados", "Pescadería", "Carnes" y "Fiambres".
De acuerdo con la denuncia penal que se tramita en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres, "las empresas Patagonia Sunrise SRL, Fruit Pack SRL y Energy Nature Free SA, vinculadas todas al presidente del Mercado Central, Carlos Martínez, se encuentran realizando operaciones de instalación para la venta de sus productos, a pesar de que el convenio de uso firmado entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Corporación Mercado Central impide que se subalquile el predio de Colegiales. Esto deja al descubierto que el ilícito convenio ni siquiera ha sido firmado para ser cumplido".
La causa está motorizada por un grupo de vecinos que afirma que la instalación del mercado en ese predio es ilegal.
La prohibición de subalquilar las instalaciones (cedidas de manera gratuita por los próximos diez años) no es el único problema.
Según las fotos que tomaron los vecinos, ya se colocaron carteles frente a los puestos en los que quieren comercializar carnes, pescados, panificados y fiambres. Resalta además una llamativa heladera que al parecer contendría "carne express", según la leyenda que tiene adherida.
La oferta viola la cláusula segunda del "Permiso de uso" que firmaron el 26 de mayo de 2014 la AABE y la Corporación Mercado Central (CMC).
"El presente permiso tiene por objeto destinar las citadas fracciones de terreno a la instalación por parte de la CMC de un mercado tendiente a garantizar a la población el abastecimiento de productos alimenticios de naturaleza frutihortícolas, asegurando la calidad de los mismos, no pudiendo afectarlo a un fin distinto".
El permiso fue ratificado en una resolución de la AABE que firmaron el presidente y el vice del organismo, Antonio Vulcano y Martín Reibel Maier. Ambos funcionarios y Martínez, el presidente del Mercado Central, fueron imputados por el fiscal Eduardo Taiano. La acusación: abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La participación privada en este proyecto parece cubrir algunas complicaciones administrativas que tendría Martínez para justificar los gastos en la obra y el equipamiento. Por ejemplo, en la contratación de la constructora Perello-Siri SA, que habría quedado en manos de los privados.
Los vecinos también denunciaron penalmente a funcionarios del gobierno porteño, como al director de la Agencia de Protección Ambiental, Juan Carlos Villalonga, por negarse a exigir al Mercado Central un estudio de impacto ambiental. La denuncia alcanzó al arquitecto Antonio Ledesma, director general de Interpretación Urbanística, por otorgar los permisos para que funcione un emprendimiento comercial en una zona residencial y, además, dictaminar que no era necesario realizar estudios ambientales.
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