"La estrategia del gobierno nacional es siempre la misma; se pretenden condiciones de negociación justas, equitativas, razonables, legales y sustentables para el 100 por ciento de los bonistas", insistió el funcionario en su habitual contacto con la prensa en la Casa de Gobierno.
Desde el 1 de enero pierde vigencia la cláusula RUFO, por la cual aquellos bonistas que ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010 tienen derecho a reclamar iguales condiciones en caso de que se supere el pago ofrecido, como en el caso de los holdouts, que obtuvieron un fallo favorable por el 100 por ciento de lo reclamado del juez de Nueva York Thomas Griesa.
Capitanich, al respecto, sostuvo que "el Gobierno no va a aceptar extorsiones de ninguna naturaleza y, a su vez, va a respetar escrupulosamente la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio".
Además, recordó que "el Congreso aprobó la ley de pago soberano, que constituye una herramienta jurídica que permitirá al Gobierno establecer las condiciones de negociación".
La Justicia de los Estados Unidos rechazó el martes una apelación de la Argentina y benefició a los holdouts, que podrán reclamar información de activos del país y requerir embargos para cobrar la sentencia por 1.330 millones de dólares que dictó Griesa.
La Corte de Apelaciones del Circuito de Nueva York desestimó la argumentación de los abogados de la Argentina en la denominada causa "Discovery" y ratificó una sentencia de Griesa del año 2013 que habilitaba a los holdouts a pedir a agentes financieros datos de activos embargables que estuvieran fuera del país, indicaron agencias internacionales.
La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito indicó que entre los activos sujetos a la sentencia se incluyen equipos militares y propiedades diplomáticas.
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