El productor de crudo líder de Latinoamérica está buscando vender su importante unidad de refinación Citgo en Estados Unidos, así como participaciones en las refinerías Hovensa en las Islas Vírgenes estadounidenses y Chalmette en Louisiana, además de una red de refinerías en Suecia, Inglaterra y Escocia.
El régimen chavista ha manejado las posibles ventas en secreto, lo que ha dejado a analistas y actores del sector energético intentando reconstruir el razonamiento que justifique la sorpresiva desinversión.
La mayoría dice que la razón general detrás de las potenciales ventas es una necesidad de liquidez tanto de Petróleos de Venezuela (PDVSA) como del gobierno venezolano, que busca apuntalar sus arcas antes de efectuar pagos de un bono clave con una economía debilitada.
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Pero expertos del sector también destacan que PDVSA podría querer reducir su exposición internacional antes de que en los próximos meses se conozcan los fallos de sendos arbitrajes promovidos por ExxonMobil y ConocoPhillips.
Ambas compañías están buscando una indemnización luego de que sus proyectos fueron tomados por el Gobierno que encabezaba el fallecido presidente Hugo Chávez, quien lideró una ola de nacionalizaciones que incluyó activos en las industrias petrolera, eléctrica, y siderúrgica.
Si bien Venezuela ha jurado que pagará si recibe una sentencia en contra, en el mercado ha crecido el temor a que PDVSA podría estar preparándose para su mayor retirada del mercado estadounidense de refinación en momentos en que empeora la crisis financiera del país.
Posibles soluciones
"El Gobierno probablemente tenga problemas para pagar esos laudos (arbitrales) en efectivo, debido a sus limitados recursos, y probablemente busque, en cambio, llegar a un arreglo con bonos o activos petroleros", señaló en una nota la consultora Eurasia Group.
"Sin embargo, el Gobierno probablemente esté buscando reducir sus vulnerabilidades en el caso de que los demandantes no deseen aceptar fuentes alternativas de compensación", agregó la consultora. Hacer cumplir laudos arbitrales complicados probablemente tome años debido a los procesos de apelaciones.
No obstante, a las más de 20 compañías que han llevado a Venezuela a un arbitraje por nacionalizaciones, las reconforta la idea de que sus activos internacionales puedan, en teoría, confiscarse en caso de que el país no tenga voluntad de pagar.
"Las empresas que tienen arbitrajes contra Venezuela siempre han visto a los bienes de Citgo como una garantía, en caso de que se llegue a la ejecución forzosa de un hipotético laudo si el país decide no cumplirlo voluntariamente", dijo Carlos Bellorin, analista del sector petrolero de IHS.
Una menor exposición internacional también reduciría la necesidad de promover relaciones diplomáticas y comerciales positivas con Estados Unidos, ya de por sí bastante dañadas.
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