Opositores advirtieron que pueden ser denunciados quienes pidieron identificar a los tuiteros pro Campagnoli

A través de Cancillería, el gobierno nacional solicitó la cooperación de los Estados Unidos para recopilar los datos de los tuiteros que respaldan al destituido fiscal José María Campagnoli en las redes sociales. Pero ahora, la solicitud puede volvérsele en contra: los funcionarios que elevaron el pedido pueden ser denunciados por invasión de la privacidad.

"Hay una ley que protege a todas las telecomunicaciones de este tipo de cosas. El Gobierno parece que ignora esa ley y pide que espíen a personas argentinas. Es ilegal. Lo que tendría que investigarse es si los funcionarios del Gobierno, al pedir semejante cosa, no han cometido un delito", advirtió el integrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi.

En diálogo con InfobaeTV, el dirigente opositor aclaró que no le queda "ningún margen de duda" acerca de la posibilidad de accionar judicialmente. "Si hay algo que no puede hacer el Gobierno es meterse en nuestras telecomunicaciones. Y Twitter es, en cierta manera, un avance moderno de eso", explicó al periodista Luis Novaresio.

Aclaró, sin embargo, que una eventual denuncia va a depender de que "un fiscal o cualquier particular" se presente ante la Justicia para iniciarla.

El precandidato presidencial Hermes Binner también se refirió al pedido que Cancillería elevó al Homeland Security para que ayude a identificar a los tuiteros que supuestamente habrían amenazado a la reemplazante de Campagnoli en la fiscalía de Saavedra, Cristina Caamaño.

Aunque no habló de las consecuencias judiciales que podría haber, el dirigente del Frente Amplio Unen consideró que se trata de un paso más de la "tendencia al hegemonismo" del gobierno nacional. "Cuando tenemos instituciones amordazadas, es una situación complicada. No queremos caer en ella. Tenemos que reaccionar a tiempo", pidió desde los estudios de InfobaeTV.

La titular de la Comisión de Legislación Penal en Diputados, Patricia Bullrich, anticipó que presentará un proyecto de declaración para que la Cámara baja repudie la investigación iniciada contra los usuarios @SergioFDoormann, @richito18, @eleduMOP, @ProcuLegitima, @Vigoroth92, @CarlBonifatti74%, @mariaFerrante, @anamagarupstre, @scarlet1864, @anabelochio, @ignacioRodrigu1 y @andres_rimoldi.

"Lo que hace el Gobierno es espionaje, es lisa y llanamente una persecución por pensar distinto, utilizando un mecanismo autoritario inadmisible en democracia. En vez de perseguir a Lázaro Báez, persiguen a Campagnoli y a los tuiteros", consideró la diputada macrista del partido Unión por Todos.

La operación gubernamental, para la cual fue necesaria la intervención de Cancillería, se conoció cuando los usuarios hicieron saber que el 16 de junio recibieron una solicitud de información enviada por el departamento legal de Twitter, motivada por un requirimiento del Homeland Security, el organismo norteamericano que se creó tras el atentado a las Torres Gemelas y que tiene la potestad de detener personas.

En ese contexto, Ignacio Rodríguez Varela y Andrés Rimoldi -propietarios de dos de las cuentas investigadas e integrantes del equipo de Campagnoli- presentaron un habeas corpus preventivo para conocer de dónde provenía el requerimiento y averiguaron que el punto de partida había sido la acción de la fiscal Caamaño.

De inmediato intervino la abogada Daniela Portino González -socia de Ignacio Irigaray, defensor de Campagnoli en el jury de enjuiciamiento-, quien hizo una presentación legal ante la embajada de los Estados Unidos y logró que la investigación se frenara.

Esta mañana, Ignacio Rodríguez Varela le confirmó a Infobae que la jugada oficialista había sido neutralizada y lo dejó en claro a través de la red social Twitter. Además reafirmó que Campagnoli es "víctima de una clara persecución política" que llegó a un nivel extremo con "la persecución a tuiteros" que respaldan su actuación.

Por su parte, el diputado de Unión PRO, Juan Pablo Arenaza, confirmó que realizará la denuncia por "mal desempeño de la función pública y abuso de autoridad", en el marco de la medida abusiva por parte de la fiscal Dupuy. "Esto es un atropello a la libertad individual de las personas. Se está violando la intimidad y la libertad de expresión de la gente", afirmó Arenaza.

"Si permitiéramos este tipo de atropello, estaríamos avalando decisiones arbitrarias, despóticas e intolerantes dignas de un Gobierno autoritario que no resiste opinión contraria a sus intereses, en este caso se trata de un grupo de personas que en las redes sociales le dio el apoyo a un fiscal suspendido en funciones por investigar a Lázaro Báez".

"De ningún modo voy a dejar que este abuso de autoridad se lleve a cabo. Los fiscales de la Nación en vez de estar investigando tuiteros, deberían ocuparse de investigar los casos de corrupción que aparecen a diario", concluyó el diputado de Unión PRO, Juan Pablo Arenaza.