El fiscal federal Ramiro González imputó al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, a raíz del supuesto vaciamiento económico de la empresa y a partir de una denuncia del radicalismo.
Se trata del impulso de una investigación porque, según la denuncia presentada por el senador radical Gerardo Morales, ni De Vido ni Recalde denunciaron el vaciamiento de Aerolíneas por parte de la empresa Marsans, así como el desvío de fondos tras la estatización.
En la imputación que también alcanza a la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, por no haber hecho en el caso la denuncia penal correspondiente, el fiscal también pidió que se investigue si no se presentaron balances de Aerolíneas en la Inspección General de Justicia (IGJ) tras la estatización.
En su denuncia presentada el pasado 16 de octubre y la cual recayó en el juzgado federal a cargo de Luis Rodríguez, el senador Morales denunció que los funcionarios denunciados incumplieron la ley de transporte aerocomercial que los obliga a denunciar los delitos cometidos en perjuicio del Estado, como lo fue el caso.
Según Morales, tomando como base un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, a Marsans se le pagó 832.897.800 de dólares por la expropiación, a la par que se le perdonó una deuda impositiva del orden de los 319 millones de pesos; y el Estado se hizo cargo 500 millones de pesos de pasivo post concurso, y otra suma similar se pagó en 2011 por un acuerdo preventivo del 2002.
También denunció el senador que cuando Aerolineas fu administrada de manera conjunta por Marsans y el Estado, se sumó 310 millones de dólares de nueva deuda; y que en la gestión de Recalde la empresa no presentó sus balances ante la IGJ.
Al imputar a De Vido y Recalde, el fiscal sugirió al juez medidas tales como pedir a la Auditoría General de la Nación (AGN) que informe todos los antecedentes que tenga de Aerolíneas; y que la IGJ informe si tiene los balances de la empresa desde 2008 a la actualidad.
Por último, sugirió al juez Rodríguez que pida al Ministerio de Planificación que remita copia del informe de la Facultad de Ciencias Económicas, y si se tomaron medidas al respecto.
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