Tras años de investigaciones y polémicas, en el banquillo se sentarán diez imputados, acusados de presiones y amenazas al cuerpo del Estado.
Son el entonces ministro del Interior y ex presidente del Senado, Nicola Mancino, el ex senador Marcelo dell'Utri, brazo derecho de Silvio Berlusconi, y los antiguos responsables del cuerpo especial de los Carabineros del ROS, los generales Mario Mori y Antonio Subranni, además del ex general Giuseppe De Nonno.
A ellos se unen también los jefes mafiosos que aterrorizaron a toda Italia, Salvatore 'Totó' Riina, su estrecho colaborador Giovanni Brusca, el que fuera su médico personal Antonino Cinà, y el mafioso Leoluca Bagarella.
El décimo imputado es Massimo Ciancimino, hijo de Vito, alcalde de Palermo, que con sus revelaciones y documentos heredados de su padre ha hecho que los jueces contasen con pruebas para reabrir el caso.
El varias veces ministro Calogero Maninno será juzgado a parte al haber elegido el proceso breve, al igual que el "jefe de jefes" de Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, por motivos de salud.
De acuerdo con los investigadores, existió una negociación entre representantes del Estado y los líderes de la Cosa Nostra, a principios de los noventa, para acabar con la oleada de atentados cometidos por la mafia.
Ciancimino aseguró que su padre le dejó antes de morir en 2002 un folio, el llamado "papello" con las 12 peticiones que el padrino de Cosa Nostra Salvatore "Totó" Riina habría hecho al Estado para poner fin a los atentados de aquellos años.
Supuestamente existe, asimismo, otro papel escrito por Vito Ciancimino en el que éste precisa y hace otras propuestas al Estado y que al parecer fue entregado al por entonces director del Grupo Operativo Especial (ROS), Mario Mori.
A las declaraciones de Ciancimino sobre la existencia de estas supuestas negociaciones se sumaron las de otros ex mafiosos que colaboran con la Justicia o las del fiscal anti-mafia italiano Piero Grasso, que confirmaron su existencia.
El juicio buscará también las respuestas a los atentados del 23 de mayo 1992, en el que perdieron la vida el juez antimafia Giovanni Falcone, su mujer Francesca Morvillo y tres agentes de la escolta, y al que 53 días después acabó con el también magistrado Paolo Borsellino y cinco de sus escoltas.
Varios magistrados y la familia de Borsellino mantienen desde hace años que el juez fue asesinado por la mafia porque se oponía a las negociaciones que se querían emprender entre Cosa Nostra y el Estado,
"Paolo fue asesinado porque se metió en medio para evitar las negociaciones, que entonces sólo eran rumores, pero que ahora se está comprobando que eran ciertas", ha denunciado siempre el hermano del juez, Salvatore Borsellino.
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