Irán, el país que aún aplica la Ley del Talión

El modelo actual es el resultado de una revolución impulsada en 1979 por el ayatolá Ruhollah Khomeini, que modificó profundamente la estructura social, política y jurídica del país.

En los años previos, Mohammad Reza Pahlevi, el último Shah, había intentado forzar un proceso de laicización del Estado. Su reinado estuvo marcado por la dependencia de los países occidentales y una muy inequitativa distribución de la riqueza, que dejaba a gran parte de la población en la miseria.

Como reacción a este proceso, la revolución frenó la separación entre religión y política, y buscó adecuar la organización de la sociedad a los principios rectores del Corán y del derecho islámico, aunque incorporando principios de la teoría política occidental, como la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial.

"Los códigos penal, civil y familiar fueron modificados por la revolución, que incorporó muchos criterios de la Sharia (ley islámica) y de la jurisprudencia chií (la rama del Islam a la que pertenece la mayoría de los iraníes)", explica a Infobae Luciano Zaccara, politólogo y doctor en Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Georgetown en Qatar.

"El sistema judicial es una mezcla de lo que existía antes de la Revolución de 1979, y la asunción de nuevos principios de justicia y equidad islámicos, así que no se puede decir que sea un sistema puramente religioso. Si bien, como la mayoría de los jueces son juristas religiosos y el poder judicial está designado por el Líder Supremo, que sigue siendo una figura religiosa, la justicia termina siendo bastante determinada por la religión", agrega.

Organización política

Por voto popular se elige a los representantes de los otros dos poderes: el Presidente de la República y el Parlamento. Pero por encima de ambos y del Poder Judicial hay tres instituciones no electivas.

"El Líder Supremo es la figura política más importante de Irán. Es jefe del Estado y responsable de las Fuerzas Armadas. Tiene la potestad de designar a los comandantes de las tres fuerzas, de declarar la guerra y la paz, y eventualmente de cesar al presidente, jefe del Gobierno. Lo elige una asamblea de 86 alfaquíes (expertos en derecho islámico y en el Corán) conformada a partir del voto popular", cuenta Alejandro García Sanjuán, doctor en historia especializado en derecho islámico por la Universidad de Huelva, España, en diálogo con Infobae.

La particularidad del Líder Supremo es que se trata de una figura tanto política como religiosa. Tiene el título de ayatolá, que es el máximo rango que se puede alcanzar en la jerarquía teológica del Islam.

"Es un cargo en principio vitalicio. Si bien puede ser revocado por la asamblea de alfaquíes, no parece fácil que una persona con tanto poder sea depuesta. De hecho, hasta ahora sólo hubo dos: el ayatolá Khomeini, y el actual, el ayatolá Alí Khamenei", explica García Sanjuán.

"La segunda institución más importante del país es el Consejo de Guardianes de la Revolución. Está compuesto por 12 miembros: 6 juristas religiosos designados por el líder, y otros 6 nombrados por el Parlamento con consenso del Poder Judicial. El Consejo se ocupa de aprobar o rechazar las leyes emanadas de la Asamblea Legislativa, de acuerdo a su islamicidad. Si no cumplen con la Sharia, las leyes son rechazadas", describe Zaccara.

Por último, hay una tercera instancia legislativa, que actúa en caso de que el Consejo de Guardianes rechace una ley del Parlamento, y éste la vuelva a aprobar. Se llama Consejo de Discernimiento de los Intereses del Sistema.

"Está compuesta -dice Zaccara- por 36 miembros de distintos estamentos de la sociedad. Lo integran representantes del Parlamento, del Consejo de Guardianes, de las Fuerzas de Seguridad, ex presidentes, etc. Ellos tienen la última decisión, no en función de la Sharia, sino de los intereses del Estado".

Por tener una composición fuertemente religiosa y por estar directamente designados por el Líder, los jueces ocupan un lugar muy especial en la estructura del Estado.

"El Poder Judicial es el guardián de cierto conservadurismo en el sistema político, y ha servido para silenciar a mucha gente. Por ejemplo, durante un período reformista se abrieron un montón de periódicos con la aceptación del poder político. Pero luego fueron cerrados por los jueces, que consideraron que violaban la ley", cuenta Zaccara.

El sistema penal iraní

Cuando una persona es acusada por algún delito comienza un proceso judicial bastante similar al occidental en términos de procedimientos.

"El sistema garantiza el derecho de los acusados: la presunción de la inocencia y el acceso a un abogado. Además, la Constitución expresamente prohíbe toda clase de tortura y no obliga a ninguna persona a confesar ni a testificar", cuenta García Sanjuán.

Sin embargo, por más que las normas sean bastante claras en cuanto a las garantías, en la vida real no siempre se cumplen.

"Muchas veces los juicios se hacen con pocas pruebas, en base a confesiones directas, lo cual es sospechoso teniendo en cuenta que hay acusaciones tremendas sobre violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Hay gente que ha muerto en prisión antes de ser condenada. También se denuncia que los abogados defensores son amedrentados  y perseguidos. Las garantías no son las mejores, ni mucho menos", sostiene Zaccara.

Al momento de dictar sentencia, los jueces no deciden en función de su arbitrio, sino que, como en Occidente, deben aplicar lo establecido por las leyes.

Pero es precisamente en el contenido de los códigos legales donde aparecen las más grandes diferencias. Una de las más llamativas, la aplicación de la Ley del Talión, el famoso "ojo por ojo, diente por diente".

"Un caso muy conocido es el de una mujer a la que el ex marido había dejado ciega luego de tirarle ácido en la cara. La decisión del juez fue que el hombre recibiera el mismo castigo: la quemadura de los ojos con ácido. Pero en esos casos la víctima puede decidir no hacer uso de ese derecho y exigir a cambio una compensación económica", cuenta Zaccara.

Otra diferencia es la aplicación de la pena de muerte. Lo particular no es que exista, ya que se ejecuta en muchos países del mundo, sino lo cruento de su ejecución.

En la mayoría de los casos se mata a través de la horca, lo que representa todo un espectáculo público. Pero en otros más puntuales, como el adulterio, la ley establece la lapidación como castigo.

Según Zaccara, por el fuerte rechazo que despierta adentro y afuera del país por ser interpretadas como una forma de violencia extrema contra las mujeres -que a veces son violadas y luego condenadas por adulterio-, las lapidaciones casi nunca se terminan haciendo efectivas.