"No se reportó ningún tipo de complicaciones en los procedimientos que se realizaron a lo largo y ancho del territorio y no hubo problemas graves, sí respecto a los plazos para llevar adelante el procedimiento, pero hay que ir afinándolo con el desarrollo de la implementación", aseguró el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo.
Según difundió El País de Uruguay, la mayoría de los abortos se realizaron en Montevideo. Otro de los datos relevantes es el alto porcentaje de profesionales que se negaron a practicarlo. Briozzo informó que el 30% de los ginecólogos presentó la objeción de conciencia ante la Secretaria de Estado.
"Estamos convencidos de que este tipo de leyes, más las políticas públicas de anticoncepción y planificación familiar y educación en salud sexual y reproductiva, tienen como objetivos: mejorar la salud, la calidad de vida de las mujeres, disminuir la mortalidad materna", dijo el funcionario.
Y agregó: "Hace unos años, el aborto provocado era la principal causa de muerte materna en Uruguay. Los datos internacionales demuestran que si se combinan estas acciones, se disminuye el número de abortos, que es lo que todos queremos".
La ley, que permite el aborto hasta la semana 12 de gestación bajo ciertas condiciones y hasta las 14 en caso de violación, fue aprobada por la Cámara de Diputados, el 25 de septiembre, por una mayoría de 50 votos a favor y 49 en contra.
La ley establece que "la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada" y, en consecuencia, no serán aplicables artículos del Código Penal para el caso de que la mujer cumpla con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice durante las primeras doce semanas de embarazo.
Los requisitos son, entre otros, "acudir a consulta médica de una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso".
El médico dispone, para el mismo día o para el siguiente, la consulta con un equipo interdisciplinario, que debe estar integrado por, al menos, tres profesionales, de los cuales uno deberá ser médico ginecólogo, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social.
Ese equipo interdisciplinario, actuando conjuntamente, debe informar a la mujer lo establecido en la nueva ley, las características de la interrupción del embarazo y los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo, deberá comunicar las alternativas al aborto provocado, incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como la posibilidad de dar a su hijo en adopción.
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