EFE 163
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Bajo mediación de la ONU, el 16 de enero de 1992 el entonces gobierno de Alfredo Cristiani y la comandancia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron los acuerdos que establecieron las bases para la democracia.

Detonado por el cierre de espacios de participación política, la injusticia social y la represión militar, el conflicto armado, de 12 años, dejó más de 75.000 muertos, 7.000 desaparecidos y 1.579 millones de dólares en pérdidas económicas.

En conmemoración de los acuerdos, el presidente izquierdista Mauricio Funes ofrecerá el lunes un "perdón público" en El Mozote, 200 km al noreste de la capital, por la masacre de más de 1.000 campesinos cometida por el Ejército en diciembre de 1981.

"Se acabó el tiempo en que se pretende tapar el sol con un dedo, se acabó el tiempo en que se niegan los hechos aberrantes, se acabó el tiempo en que se ocultaba a las nuevas generaciones la verdad", destacó Funes.

Para Cristiani (1989-1994), "los acuerdos no tienen deuda de nada. Lo que hicieron fue parar un derramamiento de sangre, esa fue la razón de la negociación".

Con el acuerdo de paz se reformó la Constitución para someter al Ejército -que se redujo y depuró- al poder civil, se readecuó el sistema judicial y se crearon instituciones como la procuraduría de derechos humanos y la policía civil que reemplazó a tres cuerpos de seguridad vinculados con graves violaciones.

No obstante, crímenes de lesa humanidad como la masacre de El Mozote siguen impunes por una amnistía que el Congreso aprobó en 1993, en el marco de los acuerdos, a pedido de Cristiani.

"Hay sombras en este proceso que no han podido esclarecerse", opinó el sacerdote José María Tojeira, analista de la Universidad Centroamericana (UCA), quien señaló que falta mucho por hacer en protección social, por mejorar el funcionamiento de las instituciones del Estado y el sistema judicial.

David Escobar Galindo, un poeta de derecha y miembro de la comisión gubernamental que negoció el cese del conflicto, alaba el proceso de distensión en un libro "De la guerra civil a la paz negociada".

"La salud de nuestra democracia es sólida, pese a las deficiencias inmunológicas que la acechan. La salud de la institucionalidad es típica de las convalecencias que requieren largos tratamientos de sostén", destaca en el libro.

Pero el vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, único sobreviviente de la ex comandancia del FMLN, advierte: "corremos el riesgo de que las condiciones de vida, de pobreza, empujen a la gente a desintergrarse de la política, una vez que acabó el conflicto armado".

La pobreza afecta al 40% de los 6,1 millones de salvadoreños y la violencia generada por la delincuencia, particularmente las temidas pandillas, deja unos 12 asesinatos a mano armada al día.

El 2011 registró 4.353 homicidios, contra 3.987 de 2010. Ese tipo de violencia, según Tojeira, debe atacarse más con "prevención" que con represión.

En el campo político, el profesor universitario Roberto Cañas destaca que el proceso maduró cuando en 2009 se produjo la "alternabilidad", contemplada en los acuerdos.

El FMLN destruyó sus armas y se transformó en partido político en diciembre de 1992 y tras casi dos décadas en oposición llegó al poder con Funes en junio de 2009.

"El veinte aniversario encuentra al FMLN en la presidencia, pero debe reencontrarse con las organizaciones sociales para seguir consistente frente a una derecha" sin el aparato del Estado para ganar adeptos, declaró Cañas a la AFP.

Con un acto ante miles de seguidores, la ex guerrilla inició el sábado su campaña para los comicios legislativos y municipales del 11 de marzo, y celebró los 20 años del fin del conflicto.

El ex jefe de la Misión de Observadores de la ONU para El Salvador (ONUSAL), Enrique Ter Horst, califica de modelo el proceso de paz salvadoreño. "Es considerado, todavía hoy, como el modelo a imitar cuando se decide desplegar una operación de paz multidimensional de Naciones Unidas", consideró.