La jueza Patricia Lourival Acioli fue asesinada con 21 disparos el pasado 11 de agosto en la puerta de su casa, en un crimen que indignó a la opinión pública en Brasil. La jueza investigaba las mafias de policías corruptos que operan en barriadas pobres de Sao Gonzalo y había ordenado el arresto de varios de ellos.
Entre los acusados del crimen, figura el teniente coronel Claudio Luiz Oliveira, que hasta hace pocas semanas comandaba el Batallón de la Policía Militarizada en Sao Gonzalo, ciudad vecina a Niteroi -en el área metropolitana de Río de Janeiro- y de donde era titular la jueza asesinada. El oficial actualmente comanda el Batallón de la Policía Militarizada en Maré, un suburbio de Río de Janeiro.
Además del teniente coronel, la orden de detención se extiende a cinco agentes del Grupo de Acciones Tácticas de la Policía Militarizada de Sao Gonzalo.
Los policías, además, están acusados por haber mentido en un informe oficial en el que se detallaba la muerte de un joven. La maniobra buscaba hacer pasar el accionar del episodio como muerte por resistencia, cuando, en realidad, había sido asesinado a quemarropa.
Según versiones de prensa, las órdenes de detención fueron dictadas luego de que un cabo de la policía confesara su participación en el crimen y divulgara los nombres de los otros implicados.
El cabo, que habría acusado al teniente coronel de ser el que ordenó el crimen, supuestamente está bajo el programa de protección de testigos. Otros tres policías están detenidos desde comienzos de septiembre por el mismo crimen.
La Procuraduría de Río de Janeiro llegó a pedir el arresto preventivo de 28 policías y la suspensión de funciones de otros seis para evitar interferencias en la investigación del homicidio.
Lourival Acioli, de 47 años y con tres hijos, era la responsable de juzgar los crímenes de homicidio en Sao Gonzalo, el segundo municipio más poblado del estado de Río de Janeiro, y era conocida por su rigurosa actuación contra integrantes de los llamados "grupos de exterminio".
Estos grupos, de los que forman parte, sobre todo, policías corruptos, son acusados de asesinar a supuestos pequeños delincuentes y a mendigos en los suburbios de las ciudades brasileñas.
La jueza había recibido amenazas de muerte durante los últimos cinco años. Al contrario de trascendidos que indicaban que ella se rehusaba a contar con protección policial, documentos presentados por el abogado de su familia constataron que la magistrada se había quejado por escrito de la falta de protección y había solicitado en varias oportunidades que se le reforzara la seguridad.
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