El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, querellará ahora a la consultora del economista Orlando Ferreres por publicar una "inflación de escritorio", información que según el funcionario nacional fue usada para obtener "ganancias extraordinarias".
Según el texto, publicado por un diario porteño, los datos difundidos por la consultora "son informes falsos, construidos a fin de beneficiarse ella misma y beneficiar con ganancias extraordinarias a algunos agentes del mercado financiero".
El escrito apunta contra consultoras y operadores del mercado que supuestamente se habrían beneficiado mediante la negociación de bonos ajustados por CER, la oferta de créditos y préstamos al sector privado y el dólar futuro.
El matutino destaca en su edición de hoy que la querella contra Orlando Ferreres será tomada como modelo para iniciar futuras demandas contra otros analistas que "fabrican inflación para hacer negocios".
Esta situación se conoce luego de que se conociera la noticia de que Moreno demandó penalmente la semana pasada al economista Carlos Melconian por agiotismo (ver nota relacionada).
Para Moreno, existe connivencia entre los actores mencionados para sacar provecho de la venta de dichos bonos en base a "presuntos datos estadísticos tendientes a mejorar la tasa de ganancias de manera espuria a sus clientes".
El secretario de Comercio Interior cree que los tenedores de bonos ajustados por CER, que varían su cotización de a cuerdo al IPC publicado por el Indec, especulan y "no importa si el índice se condice con la realidad, lo importante es cumplir con el mandato de su cliente: que la inflación debe ser altísima para que la ganancia ilícita también lo sea", agrega la denuncia.
Moreno sostiene que la infracción concreta es "practicar cálculos basados en estudios estadísticos sin rigor científico que producen subas en los precios por medio de noticias falsas en coalición con otros agentes del mercado, con el fin de obtener un precio determinado al alza".
Y, según indicó el diario Buenos Aires Económico, afirma: "Con el ardid pergeñado por la consultora denunciada y algunos agentes financieros, hay dos grandes víctimas: los consumidores y el Estado".
Conforme al artículo 300 del Código Procesal Penal, la denuncia se refiere a un "inventado índice de inflación", que tuvo como objetivo "provocar una situación de inestabilidad psicológica en la sociedad y en el mercado, con el claro resultado de obtener ganancias injustas e indebidas".
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