Norberto Oyarbide deberá resolver si acepta a las Madres de Plaza de Mayo como querellante y los allanamientos solicitados por el fiscal Jorge Di Lello, quien amplió el viernes pasado la acusación a empresas, financieras y casas de cambio.
Di Lello pidió que esas entidades sean allanadas a partir de su presunta vinculación con los cheques destinados al pago de las construcciones, para determinar si fueron desviados para la compra de bienes que usufructúa Sergio Schoklender.
El fiscal no solicitó detenciones ni llamados a indagatorias, lo que descartó que ocurra por el momento.
En declaraciones radiales, Di Lello dijo el domingo que "no tiene sentido llamar a (declaración) indagatoria" a alguno de los investigados, porque "sería una vulneración" de sus garantías "o un acto infundado" mientras se busca la prueba de acusación.
Oyarbide deberá resolver hoy entonces si hace lugar a los allanamientos requeridos por el fiscal, al tiempo que continuará con el análisis de toda la documentación que fue secuestrada la semana pasada en las sedes de la fundación, la universidad y la imprenta de las Madres de Plaza de Mayo, indicaron fuentes allegadas a la causa.
En esos operativos, el juez incautó decenas de cheques. Algunos de ellos fueron utilizados para adquirir materiales, lo que probaría la relación entre la empresa Meldorek y la fundación, uno como cliente y otro como proveedor de los servicios de construcción que hace la fundación de las Madres, precisó un matutino porteño.
El expediente continúa bajo el secreto de sumario, vence esta semana y podría ser extendido por Oyarbide.
El magistrado también debe pronunciarse sobre el pedido de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, para que la entidad sea considerada querellante en la causa, lo que solicitó luego de denunciar a los Schoklender por asociación ilícita y por considerar que la organización fue damnificada por el accionar del ex apoderado.
Al respecto, el fiscal consideró que la Fundación Madres de Plaza de Mayo "puede ser considerada, en primera instancia, parcialmente víctima" de un delito.
Los hermanos Schoklender y otras siete personas, vinculadas todas mediante empresas, están siendo investigadas por supuesta malversación de fondos públicos del "Plan Federal de Viviendas", destinados a las Madres de Plaza de Mayo.
Paralelamente, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
investiga los contratos firmados entre gobiernos provinciales y municipales con las Madres para erigir viviendas sociales.
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