Cuestionamientos en Ecuador al referendo de Rafael Correa

Luego de que se conocieran las 10 preguntas (ver nota relacionada) que el presidente Rafael Correa planea incluir en la consulta popular, cuyo principal eje apunta a reformar el sistema judicial, sectores críticos al gobierno manifestaron su desacuerdo sobre la iniciativa.

El asambleísta Andrés Páez, de Izquierda Democrática (ID), se quejó de que la vaguedad de muchas de las cuestiones acarrea más "discrecionalidad" para un gobierno al que calificó de "autoritario".

También la prensa se mostró crítica. "Correa tras el poder absoluto", fue el título principal del diario La Hora, mientras que el Hoy destacó: "Control de la justicia y la información en la consulta".

Una de las cuestiones más controvertidas es la propuesta de crear una comisión para administrar y reestructurar el poder judicial durante 18 meses. Las dudas surgen a partir del amplio dominio que podría tener el presidente, ya que estaría compuesta por un representante de Correa, otro de la Asamblea, donde el gobierno tiene mayoría, y un tercero de la Función de Transparencia y Control Social, un consejo creado por la Constitución en el que el presidente también tiene la voz cantante, según Páez.

De ese modo, el Ejecutivo controlaría el máximo órgano de gestión del sistema judicial, que reemplazaría durante ese período al Consejo de la Judicatura.

Correa también pretende consultar a los ciudadanos acerca de propuestas que cambiarían las finanzas y operaciones de los medios de prensa privados, de los cuales es un acervo crítico. La pregunta propone que se prohíba a la prensa privada nacional tener negocios fuera del ámbito de la comunicación.

Según César Ricaurte, director de Fundamedios, una organización sin fines de lucro que vigila la libertad de prensa en Ecuador, esa medida debilitaría a los medios, pues impediría a cualquier accionista suyo tener "hasta una tienda de barrio".

De ese modo caería la inversión en los medios privados y algunos se verían obligados a cerrar, dijo Ricaurte.

Correa ha expandido la red de prensa controlada directamente por el gobierno, tras cuestionar el papel de algunos medios de comunicación. Según el mandatario, su propuesta tiene como fin "evitar conflictos de intereses".

Otro de los puntos que afecta a los medios de comunicación es la creación de un "Consejo de Regulación" que regule los contenidos de violencia, sexuales o discriminatorios. Esa pregunta rescata una idea similar incluida en un proyecto de ley de comunicación estancado en la Asamblea que fue criticado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ricaurte señaló que un Consejo de Regulación controlado por el gobierno podría censurar previamente la publicación de una foto de un accidente de tránsito, por ejemplo, por considerarla violenta, lo que "significaría su intervención directa en las acciones de los medios".

Correa ha promovido la consulta durante los últimos diez días principalmente como un mecanismo para acabar con la "corrupción" del sistema judicial, pero el referendo incluye otros temas en los que el presidente ha incidido menos y que según algunos miembros de la oposición deberían ser legislados por la Asamblea.

La Corte Constitucional deberá determinar la legalidad del contenido de las preguntas en un plazo máximo de 45 días.