El estremecedor caso tuvo como principal protagonista a Nelson Madaf y comenzó en octubre de 1989, cuando Claudia Díaz, por entonces su pareja de 16 años, abandonó su casa en San Luis sin motivos aparentes.
En aquel entonces, dos anónimos se presentaron ante la Justicia e incriminaron a Madaf por la desaparición de la menor, que supuestamente también se había practicado un aborto.
"En ese momento lo detuvieron a raíz de presiones políticas. Quería resolverse el tema y debían encontrar un culpable", denunció el abogado del hombre, Carlos Jorge Pereyra.
Durante meses, y bajo distintas torturas, Madaf fue obligado a autoinculparse como autor del presunto hecho, hasta que optó por incriminarse y hasta dio las coordenadas de donde supuestamente había escondido el cadáver.
Como consecuencia de esas "confesiones", la Policía excavó en distintos puntos de la ciudad en busca del inexistente cadáver de Díaz.
La Justicia le dictó la prisión preventiva al hombre, que hoy tiene 39 años, aunque su abogado aseguró que no existió un argumento válido y "fue algo irracional".
Sin embargo, el cuerpo nunca fue encontrado por la Policía y el acusado permaneció más de tres años en prisión, donde habría sufrido abusos sexuales y contrajo el virus del hiv.
Finalmente, por falta de pruebas, fue dejado en libertad en 1994, luego de que la Argentina se adhirió al pacto de San José de Costa Rica.
A 15 años de aquella libertad, el joven Madaf sufre consecuencias psíquicas y físicas muy graves con un 90% de incapacidad, según pericias oficiales. El tratamiento es paliativo y no tiene una cura definitiva, además de estar medicado de por vida.
Díaz apareció en 1998 en San Juan, donde se había casado y tenido hijos con otra pareja. Por todo lo que debió vivir Malaf durante los años '90, decidió iniciar acciones legales contra el Estado de San Luis.
Hace algunos días, el Superior Tribunal de Justicia condenó al Estado provincial a indemnizar con 349.639 pesos a Madaf, en un fallo dividido que hizo lugar "íntegramente a la demandada por daños y perjuicios".
La sentencia señaló que "de la lectura del expediente de marras, resulta que la detención, procesamiento, encuadre legal y prisión preventiva se fundan en la autoincriminación del imputado".
Respecto de la confesión autoincriminatoria, el Superior Tribunal dijo que era "contradictoria, retractada, mendaz, con imputaciones a terceros, que se esgrime como prueba de cargo por el instructor".
"Por otra parte, detenciones y prisión preventiva se ordenan sin la debida acreditación de la semiplena prueba de la existencia del corpus críminis, tanto para el delito de privación ilegítima de la libertad del primer procesamiento, como el de aborto y homicidio", remarcó el fallo.
El texto fue rubricado por los jueces Florencio Rubio y Horacio Zavala Rodríguez y los camaristas Carlos Maqueda y Hugo Sa Petrino, que subrogaron al actual presidente, Omar Uría y Eduardo Gatica.
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