Sobreseyeron a los involucrados en el sistema de emergencia la noche de la tragedia de Cromañón

La Cámara del Crimen sobreseyó a todos los acusados por una presunta mala actuación en la emergencia que estalló el 30 de diciembre de 2004 en Cromañón, cuando un incendio causó la muerte de 194 personas por inhalación de gases de cianuro.

La medida beneficia, entre otros, a Alejandro Roberto Cano, comisario mayor y director general de Operaciones de la Policía Federal a diciembre de 2004, y a Martín Galmarini, médico regulador de turno del SAME.

Ambos habían sido procesados por el juez que actualmente entiende en la causa, Alberto Baños, en diciembre del año pasado. El tribunal confirmó los sobreseimientos del ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra, del ex secretario de Salud Alfredo Stern, de la ex secretaria de Derechos Humanos Gabriela Alegre, del ex secretario de Seguridad Juan Carlos López, del comisario de la Seccional 7ª, Gabriel Sevald, y de su segundo, Carlos Díaz.

En un fallo de 80 páginas, al que tuvo acceso DyN, la Sala 5ª de la Cámara, con las firmas de los jueces Rodolfo Pociello Argerich, María Laura Garrigós de Rébori y Mirta López González, revocó los procesamientos contra Cano, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", y contra Galmarini, por "incumplimiento de los deberes de oficio", y los embargos por 100 mil pesos contra cada uno.

La actuación de Cano y Galmarino, como la de los otros funcionarios, en el escenario de la crisis causada por la tragedia de Cromañón, había sido cuestionada por los padres de las víctimas y largamente investigada por la jueza original de la causa, María Angélica Crotto, hoy de licencia médica prolongada por un problema de salud.

En diciembre del año pasado, como corolario de esa investigación, el juez Baños dictó los procesamientos y, además, sobreseyó a una larga lista de funcionarios públicos, entre quienes se encuentran Vicente Herrán, Oscar Natalio, Arturo Faiad, Omar Pissella, Claudio Bonahora Igarzagal, Eduardo Saavedra, Lucio Tirao, Germán Fernández, Julio Salinas Sanabria, Carlos Zoloaga, Silvina Talamona, Pedro Saposnik, Ricardo Carrara, Mónica Préstamo, Ricardo Rezzónico, Alfredo Miranda, Alejandro Bianco, Oscar Manzini, Víctor Capilouto, Julio Crespo Campo y María de los Angeles Suárez.

Para la Cámara, la situación del policía Cano debía ser analizada "teniendo en cuenta que, al tiempo de emitirse la orden cuestionada -esto es trasladar a las víctimas en unidades no sanitarias- colindaban en su persona... su obligación de asegurar y salvaguardar a las personas y su obligación de conducir las fuerzas policiales en operaciones para neutralizar la zona afectada y restaurar el orden mediante la implementación de cortes vehiculares, corredores sanitarios y cortes peatonales".

"Al momento de la toma de decisión por parte de Cano, éste no disponía de otro medio menos lesivo para satisfacer el interés vida/salud que, en una situación de necesidad real, estimó prevalente por su magnitud e intensidad", dijeron los camaristas al sobreseerlo.

En cuanto al médico Galmarini, sobre quien pesaba la acusación de "no haber informado al SAME Central las características del episodio y no haber iniciado la organización en general del operativo sanitario", la Cámara reconoció que "habría omitido llevar adelante las tareas de organización", pero lo exculpó porque "ello se debió a un estado de necesidad justificante".

Los jueces evaluaron los "requisitos exigidos por la causa de justificación", esto es "peligro inminente, acción necesaria y que el mal provocado fuera menor al evitado", y con esa valoración concluyeron que la conducta de Galmarini "estaba amparada en una causa de justificación".