La empresa argentina Benito Roggio tomó el control de Aguas Cordobesas, transferida por la sociedad del grupo francés Suez y la española Aguas de Barcelona (Agbar), que abandonan Argentina tras un conflicto con el Gobierno.
Con el traspaso de la empresa de agua potable y cloacas de Córdoba, capital de la provincia homónima, en el centro del país, concluyó una renegociación del contrato de servicio por el que Suez y Agbar desistieron de una millonaria demanda contra el Estado.
Benito Roggio quedó a cargo del servicio al cabo de un acto notarial al que asistieron autoridades de Córdoba y de las empresas, ocasión en la que se anunció un subsidio de 9,6 millones de pesos (unos 3,1 millones de dólares) a cambio de mantener las tarifas congeladas hasta fines de 2008.
La congelación de las tarifas, aplicada con la devaluación del peso, en medio de la severa crisis económica de enero de 2002, fue uno de los motivos que desató un conflicto entre Suez y Agbar y las autoridades argentinas.
Al transferir los activos de Aguas de Córdoba, la sociedad franco-española desistió de la demanda por 100 millones de dólares contra la provincia de Córdoba se dirimía ante el tribunal arbitral del Banco Mundial a raíz del atraso de las tarifas. Benito Roggio es una empresa del sector de la construcción que controla las cinco líneas del metro de Buenos Aires, entre otros negocios.
En septiembre de 2005, en medio de un conflicto por las tarifas, la asamblea de accionistas de Aguas Argentinas, también controlada por Suez y Agbar, aprobó la rescisión del contrato de servicio que la empresa daba desde 1993 a 17 millones de habitantes de Buenos Aires y su conurbano.
Los accionistas de Aguas Argentinas aprobaron además un período de transición para un "traspaso ordenado" del servicio a otra empresa, pero en marzo pasado el Gobierno de Néstor Kirchner anuló la concesión por "graves incumplimientos" del contrato y el plan de inversiones.
Aguas Argentinas, que declaró inversiones por 1.700 millones de dólares desde que tomó la concesión, en 1993, negociaba desde finales de 2003 nuevas condiciones para el contrato de concesión, pero el diálogo fracasó por falta de acuerdo en el capítulo tarifario.
Además, mientras la empresa presentaba como insostenible su ecuación financiera, el Gobierno le pedía inversiones de 100 millones de dólares anuales para un plan mínimo de expansión y mejora de la red sanitaria. El Gobierno de Kirchner traspasó el servicio a la estatal Aguas y Saneamiento Argentinos (AYSA), creada luego del conflicto, cuyo plan de inversiones y mecanismos de control están a consideración del Parlamento.
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