"Hace once años que pasó lo de Kheyvis y hace once años que vengo diciendo que esto se iba a repetir", dijo a DyN Raul Buganem, padre de Leandro, uno de los chicos que murió en la discoteca de San Isidro.
"Qué me expliquen ahora que van a hacer, cuando tendrían que haber actuado por 17 chicos muertos y ahora tenemos que llorar a otros cientos" -añadió. Hay que preguntarle a las autoridades, al jefe de Gobierno porteño (Anibal Ibarra) cómo es que pueden decir que ese local tenía habilitación. No tenían ningún tipo de control".
Judicialmente, la masacre de Kheyvis quedó en la nada. Los familiares de aquellos 17 muertos no sólo siguen reclamando justicia sino que, en las últimas horas, siguieron las alternativas de lo que ocurrió anoche en el local República de Camañón, quizás con un pesar más profundo del que sintió el resto de los argentinos.
El 20 de diciembre de 1993, un grupo de chicos del colegio La Salle, de Olivos, se reunió en la discoteca Kheyvis, en la avenida Libertador al 1900, para celebrar su graduación.
Pero lo que debía ser una fiesta se convirtió en una trampa de fuego y humo cuando alguien habría rociado con bebida un sillón que se prendió fuego y las llamas se dispersaron por todo el local: 17 chicos -entre ellos, una empleada de limpieza que estaba embarazada- murieron, mientras que otros 24 sufrieron graves heridas.
Por el caso, fue detenido un joven de 16 años, pero la justicia de menores -a cargo de la investigación- lo dejó en libertad por falta de pruebas. Precisamente, a once años de aquella masacre, la causa para determinar quién tuvo la culpa está paralizada.
Hubo dos expedientes más que se abrieron para investigar las causas conexas que hicieron posible aquel incendio, y que se encuentran bajo análisis de la Suprema Corte de Justicia bonaerenses.
En uno de ellos, se buscó establecer la responsabilidad indirecta sobre el incendio. El dueño del local Francisco Osvaldo de Jesús, la arquitecta que diseñó el local Sandra Ponce de León y la funcionaria municipal Ofelia Ester Molina habían sido absueltas en primera instancia y luego condenados a cinco, tres y dos años, respectivamente, por la Cámara Penal de San Isidro.
Sin embargo, las defensas apelaron y, por lo tanto, ninguno de los imputados estuvo detenido.
La otra investigación se abrió contra una decena de inspectores de la comuna de San Isidro a los que se acusa de no haber controlado las condiciones de seguridad de Kheyvis. En segunda instancia, quedaron todos absueltos por entender que la causa estaba prescripta. También fue apelada por la Fiscalía.
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