Medio centenar de organizaciones y activistas solicitaron que se habiliten tribunales itinerantes en varias regiones de Venezuela para facilitar que los beneficiarios de la Ley de Amnistía gestionen sus solicitudes sin necesidad de viajar a Caracas.
En un comunicado, pidieron a la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía del Parlamento que recomiende al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la creación de tribunales itinerantes y taquillas regionales especializadas.
La solicitud se fundamentó en la Constitución, la Ley Orgánica del TSJ y la Ley Orgánica del Poder Judicial, normas que permiten establecer “tribunales especiales, móviles o temporales cuando existan barreras territoriales o económicas que limiten el acceso a la justicia”.
Según las organizaciones, los traslados desde 20 estados del país hacia Caracas pueden superar los 120 dólares por persona, lo que representa “un obstáculo desproporcionado para quienes buscan ejercer un derecho que debe ser accesible, gratuito y expedito”.
Como ejemplo, mencionaron que, de acuerdo a cifras oficiales, la puesta en marcha de tribunales con competencia nacional y el despliegue de tribunales móviles permitió atender a “más de 177.000 personas en 2024, realizar más de 21.299 gestiones legales en un solo trimestre de 2025 y activar más de 130 tribunales móviles en 116 municipios del país”.
El comunicado sostiene que “cuando el TSJ decide actuar, puede movilizar equipos, jueces y personal administrativo a cualquier región del territorio nacional, garantizando presencia institucional y respuesta efectiva”, lo que demuestra que la justicia “puede desplazarse hacia las comunidades y no al revés”.
“La descentralización mediante tribunales itinerantes o taquillas regionales es una medida urgente para garantizar que la amnistía llegue efectivamente a todos los presos políticos excarcelados, sin importar su estado de residencia”, concluyeron las organizaciones firmantes, entre ellas Provea y Acceso a la Justicia.
La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, abarca un periodo de 27 años desde 1999, año en que el chavismo asumió el poder. Sin embargo, solo se aplica a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años diferentes, por lo que excluye otros casos dentro del periodo, así como situaciones relacionadas con operaciones militares.
Hasta el pasado jueves, el Parlamento reportó 7.727 libertades plenas concedidas en este proceso: 7.474 personas mantenían libertad restringida con medidas cautelares, como presentaciones periódicas en tribunales o prohibición de salida del país, mientras que 253 permanecían encarceladas.
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