A la espera de nuevas excarcelaciones en Venezuela, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, afirmó que de los 811 presos políticos detenidos en el páis, 87 personas poseen nacionalidad extranjera.
Tras la información difundida por el director de la organización vía X, el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, posteó en la misma red social el documento donde presenta un listado de presos políticos con nacionalidad extranjera en Venezuela al 9 de enero de 2026.
Se detallan 87 personas privadas de libertad, provenientes de una amplia diversidad de países y, en muchos casos, con doble nacionalidad. El registro identifica tanto nacionalidades únicas como combinaciones con la venezolana.
“Nacionalidad y número de extranjeros o venezolanos con otras nacionalidades que se mantienen al día de hoy arbitrariamente detenidos en Venezuela. Las representaciones diplomáticas y Cancillerías de sus respectivos países deben exigir su inmediata excarcelación”, escribió el director vicepresidente de la organización.
Entre las nacionalidades más numerosas se destacan los españoles con 17 casos y los colombianos con 13, seguidos por colombianos (10) e italianos (5). Hay también registros de argentinos, ecuatorianos, peruanos y ucranianos, así como de ciudadanos de Hungría, Irán, Líbano, Pakistán, Panamá, Portugal, Polonia y República Checa.
El informe incluye nacionalidades europeas, americanas y asiáticas, reflejando las detenciones arbitrarias sin importar el país de origen del aprehendido ilegalmente. Se encuentran, por ejemplo, tres alemanes, tres holandeses y tres hondureñas, además de ciudadanos de países como Francia, Estados Unidos, Guyana, Rumania y Chipre, entre otros.
El documento cierra con el total de 87 presos políticos extranjeros, evidenciando la magnitud de la situación y la preocupación de organizaciones como Foro Penal.
Rocío del Carmen San Miguel Sosa, Enrique Márquez, Biagio Pilieri, Larry Osorio, Aracelis Balza, Andrés Martínez, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona son los nueve excarcelados que las organizaciones locales confirmaron desde el anuncio de liberaciones por parte de las autoridades interinas del régimen en Venezuela.
La mayoría de los presos políticos en Venezuela fueron arrestados tras las elecciones presidenciales de 2024, en un proceso señalado por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) como fraudulento y con falta de transparencia en la publicación de resultados.
En ese contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas, aunque la mayoría fue posteriormente liberada. La Fiscalía los acusó de “terrorismo”, mientras que organizaciones no gubernamentales y partidos opositores insisten en que son inocentes y que su detención obedece a razones políticas.
Recientemente, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció un “patrón de endurecimiento” en el trato a los presos políticos, destacando la suspensión de visitas y de la entrega de paquetería —alimentos, medicinas y otros insumos—. Según JEP, estas restricciones se impusieron “sin información oficial ni criterios transparentes”, aumentando la incertidumbre de las familias venezolanas tras la operación de captura de Maduro y Cilia Flores por parte de fuerzas estadounidenses.
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