Nueve violaciones a la libertad de expresión se documentaron en Venezuela durante noviembre, según la organización no gubernamental Espacio Público. La ONG advirtió que el miedo a represalias ha provocado una disminución en el número de denuncias registradas, lo que dificulta la visibilización de la situación.
De acuerdo con el informe, la mayoría de los responsables identificados corresponden a instituciones estatales y a operadoras de telecomunicaciones privadas, una tendencia que se ha mantenido a lo largo de 2025.
Espacio Público detalló que las nueve violaciones registradas en noviembre estuvieron principalmente relacionadas con la censura y restricciones administrativas. La organización subrayó que el temor de las víctimas a sufrir represalias ha generado una baja en los reportes de detenciones arbitrarias, amenazas y cierres de medios de comunicación. Esta dinámica, según la ONG, limita la capacidad de documentar la magnitud real de los ataques contra la libertad de expresión en el país.
En su informe, la ONG identificó a las instituciones del Estado y a las empresas privadas de telecomunicaciones como los principales responsables de las violaciones. Espacio Público señaló que esta situación se ha repetido durante todo el año, consolidando un patrón de hostigamiento y control sobre el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela.
Entre los casos emblemáticos del mes, la organización destacó la excarcelación de dos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y de tres documentalistas audiovisuales. Estas personas habían sido detenidas en octubre mientras grababan material para un documental en las inmediaciones de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.
El informe también incluyó la condena a 30 años de prisión impuesta a la médica Marggie Orozco por un tribunal del estado Táchira. Según Espacio Público, Orozco fue sentenciada por enviar un audio a través de WhatsApp en el que criticaba al régimen de Nicolás Maduro, presuntamente incitaba a la participación en las elecciones del 28 de julio de 2024 y expresaba su opinión sobre la situación del país.
La médica, de 65 años, permanece detenida desde el 5 de agosto de 2024 y residía en el barrio Cristóbal Colón, en el municipio Ayacucho del estado Táchira.
Otro hecho relevante señalado por la ONG fue el cierre de una emisora en el estado La Guaira el 26 de noviembre, tras una orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Espacio Público informó que cuatro funcionarios del organismo acudieron a las instalaciones, levantaron un acta de clausura y confiscaron equipos de transmisión, incluyendo enlace, consola, micrófonos y transmisores.
En el balance anual, Espacio Público reportó un total de 201 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela durante 2025. La organización reiteró que la mayoría de los responsables son instituciones estatales y operadoras de telecomunicaciones privadas, y que el temor a represalias ha reducido la cantidad de denuncias y registros de violaciones.
El ambiente de intimidación y autocensura ha dificultado la denuncia de detenciones arbitrarias, amenazas y cierres de medios, lo que contribuye a la persistencia de la vulneración de la libertad de expresión en el país.
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