La organización no gubernamental Provea informó que al menos cinco defensores de derechos humanos están “encarcelados injustamente” en Venezuela y reclamó al Estado la “liberación inmediata de todas estas personas, la garantía de juicios justos, el contacto con familiares y asistencia legal”, además de exhortar al cumplimiento de “sus obligaciones internacionales”.
La organización citó el caso de Rocío San Miguel, detenida en febrero de 2024 y acusada de “terrorismo y traición a la patria”. Provea destacó que San Miguel “exigía rendición de cuentas al poder militar desde 2005 con Control Ciudadano”, la ONG de la que es presidenta.
La organización también subrayó el caso de Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien alertó sobre “grupos armados en la frontera (de Venezuela con Colombia) y documentaba abusos contra docentes”. Tarazona fue detenido en julio de 2021 “tras denunciar amenazas”.
Asimismo, mencionó al abogado Eduardo Torres, quien “defendía a trabajadores y presos políticos hasta su desaparición forzada en mayo de 2025”. Provea indicó: “Su reclusión en El Helicoide (la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin) fue confirmada tras ocho días de presión. Desde entonces, permanece aislado”.
En cuanto a Kennedy Tejeda, abogado de la ONG Foro Penal, Provea indicó que fue arrestado el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo “tras intentar brindar asistencia legal”. Agregó que “pasó 20 horas desaparecido y fue trasladado a la sede de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) sin acceso a abogados”.
Finalmente, la organización incluyó el caso de Carlos Julio Rojas, detenido el 15 de abril de 2024, quien permanece recluido en El Helicoide acusado de “terrorismo y magnicidio”.
Provea denunció que “todos han enfrentado procesos judiciales sin garantías: detención arbitraria, incomunicación, aislamiento y falta de acceso a justicia. El Estado venezolano incumple su obligación de respetar el debido proceso y el derecho fundamental a defender derechos”.
La organización recordó que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió la semana pasada la liberación “inmediata e incondicional” de estas personas, “alertando que sus casos reflejan un patrón de persecución y represión contra quienes ejercen la defensa de los derechos”.
También advirtió que “muchas personas detenidas por motivos políticos enfrentan desapariciones forzadas, aislamiento, incomunicación, y ausencia de atención médica, asistencia consular y garantías judiciales”.
En Venezuela hay 934 presos políticos, según Foro Penal.
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