La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció este sábado que fueron suspendidas “arbitrariamente” las visitas familiares en una cárcel ubicada en una zona periférica de Caracas, donde hay alrededor de 80 personas que, según la organización, están detenidas por razones políticas.
A través de la red social X, el comité señaló que funcionarios de Rodeo I, en el estado Miranda (norte), “alegaron que la medida responde a una supuesta ‘incitación al odio’ tras la manifestación de fe realizada el pasado domingo” en las afueras del centro penitenciario, donde familiares de los considerados presos políticos abogaron por “el bienestar y la libertad plena de sus seres queridos”.
A ese grupo de detenidos “se le impidió recibir el único contacto y visita semanal permitida: ver a sus familiares a través de un vidrio, mientras hablan por un teléfono, durante apenas 15 minutos”, señaló la ONG.
El comité advirtió que esta “decisión irracional dirigida contra quienes participaron” en esa manifestación “se suma al hostigamiento y la persecución desplegada por efectivos encubiertos de organismos policiales del Estado durante la actividad”.
La organización exige el “cese inmediato del hostigamiento, la intimidación y la vigilancia ilegal contra los familiares de presos políticos”, así como la “restitución inmediata de las visitas” y “un trato humano por parte de las autoridades penitenciarias”.
El Clipp solicita también la liberación plena de “todos los presos políticos, inocentes y encarcelados únicamente por razones de conciencia”, y hace un llamado “urgente a la solidaridad nacional e internacional y, especialmente, a las iglesias católica y cristiana”.
“Callar ante la criminalización de la oración y la represión de expresiones pacíficas de esperanza es renunciar a uno de los principios más sagrados del Evangelio: estar al lado de los que sufren y son perseguidos por causa de la injusticia”, aseguró la ONG.
El lunes, familiares de los considerados presos políticos se concentraron en una plaza de Caracas para rezar y pedir por la libertad de sus allegados, la mayoría detenidos en el contexto de crisis posterior al fraude electoral del pasado mes de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el ente electoral -controlado por rectores afines al chavismo-, en medio de las denuncias de irregularidades por parte de la oposición venezolana y diversos líderes internacionales.
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 890 personas arrestadas por motivos políticos, cinco de ellas adolescentes.
Seis meses detenido sin visitas
Por otra parte, Stephanie Labrador, hija del opositor Eduardo Labrador y diputado regional en el estado venezolano del Zulia (noroeste), exigió el viernes la libertad de su padre, detenido -expresó- de forma “arbitraria” hace seis meses, sin que hasta la fecha lo haya podido ver para constatar su estado de salud.
“Hoy se cumplen seis meses desde su detención arbitraria, desde ese entonces se le ha violado el derecho a su debido proceso, no lo hemos podido ver ni constatar su estado de salud”, dijo la joven Labrador en un video publicado en X por el partido antichavista La Causa R.
Así mismo, la hija del diputado detenido señaló que su padre sufre de hipertensión, apnea del sueño y fue operado de la columna.
“El pasado 12 de abril, fue trasladado al centro penitenciario Rodeo I en Guatire (estado Miranda, norte) donde nos informaron que después de 45 días podría recibir visitas, esta situación es una tortura, tanto para él como para nosotros como familia”. añadió Labrador.
La joven insistió en que su papá no ha cometido “ningún delito”, por lo cual pidió a Nicolás Maduro que abogue por su “pronta liberación”.
La ONG Comité por la Libertad de los Preso Políticos añadió, en una publicación en X, que Labrador fue detenido el pasado 18 de octubre por la Policía regional del estado Zulia en un retén de control vial mientras viajaba hacia Colombia para visitar a su hijo y nieto.
“En el momento de la detención logró enviar un mensaje y una nota de voz a uno de sus hijos informándole lo ocurrido, tras lo cual perdimos totalmente el contacto con él”, relató la hija del opositor.
El diputado regional es uno de los 185 dirigentes y activistas opositores que, según el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), están actualmente detenidos, en su gran mayoría colaboradores de la coalición Plataforma Unitaria Democrática.
(Con información de EFE)
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